Ciudad de México., a 11 de junio del 2025.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este martes la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda González Lomelí, quien permanecía en prisión desde 2006 tras ser condenada a 78 años por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la SCJN determinó que la condena de González Lomelí se basó en pruebas obtenidas bajo tortura y violaciones graves al debido proceso, por lo que su detención y sentencia fueron declaradas inconstitucionales.
Pruebas fabricadas y tortura, determinantes en la sentencia
El proyecto, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concluyó que la declaración inicial de Juana Hilda —clave en la acusación— fue obtenida mediante tortura, lo que invalida todas las pruebas derivadas de esa confesión, como la supuesta aparición de una gota de sangre en un departamento vinculado al caso y una licencia de conducir de la víctima, documentos que habrían sido manipulados.
El fallo enfatiza que no existe manera de subsanar las violaciones cometidas durante la investigación, por lo que no se abrirá un nuevo juicio, sino que se otorga la libertad absoluta.
Posible efecto dominó en otros implicados
La decisión también podría impactar a otros acusados en el mismo caso, como Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, cuyas detenciones se basaron en la misma línea de investigación y presuntas pruebas ilícitas. El criterio de la Corte podría facilitar la revisión de sus expedientes y una eventual liberación.
El caso Wallace, bajo la lupa
El caso de Hugo Alberto Wallace, reportado como desaparecido en 2005, se convirtió en uno de los expedientes más mediáticos del país gracias a la intensa campaña pública impulsada por su madre, Isabel Miranda de Wallace, quien fue reconocida como activista contra el secuestro.
Sin embargo, investigaciones periodísticas y denuncias de organismos de derechos humanos han señalado desde hace años que el caso estaría sustentado en un presunto montaje judicial, con testimonios manipulados, tortura, fabricación de pruebas y contradicciones en torno a la existencia misma de la víctima.
Isabel Miranda falleció en marzo de 2025, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad de su activismo y los métodos utilizados para sostener la narrativa del caso.
Un precedente para la justicia penal en México
La sentencia de la Suprema Corte representa un parteaguas en el sistema de justicia mexicano, al reforzar que ninguna condena puede sostenerse sobre violaciones a derechos humanos. Asimismo, envía un mensaje sobre la responsabilidad del Estado en la reparación del daño a personas que han sido injustamente privadas de su libertad.
Con esta resolución, Juana Hilda González Lomelí recupera su libertad tras casi 20 años de encierro, en lo que diversas organizaciones consideran una de las detenciones más emblemáticas de fabricación de culpables en México.
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