Reforma sobre desaparición forzada avanza con aportaciones de colectivos; Segob llama al Congreso a aprobarla

Ciudad de México, a 24 de junio del 2025.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que 575 propuestas enviadas por 450 colectivos de búsqueda derivaron en 30 modificaciones a 23 artículos del proyecto de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Durante su mensaje, hizo un llamado a las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión para aprobar el dictamen y fortalecer la respuesta del Estado ante esta problemática.

“Tenemos confianza en que quienes conocen el dolor que viven las familias de personas desaparecidas respaldarán esta reforma. No es una exigencia, es un llamado urgente: por favor, atiendan esta iniciativa”, expresó la titular de la Segob.

Rodríguez Velázquez detalló que las aportaciones de las familias buscadoras se centraron en temas clave como búsqueda y seguridad, identificación humana forense, sistemas de información y bases de datos, bienestar y prevención. Aseguró que la reforma ahora cuenta con una visión fortalecida, desde la perspectiva de las víctimas.

Una de las principales propuestas incorporadas a la iniciativa consiste en que las fiscalías no sólo deben abrir una carpeta de investigación tras una desaparición, sino también están obligadas a investigar, entregar el número de carpeta a los familiares y enfrentar sanciones en caso de omisiones.

Además, se contempla que el Estado garantice apoyos en salud, educación, sustento económico, así como acceso a actividades culturales y deportivas, especialmente para niñas, niños y adolescentes que viven esta situación. También se establecerán protocolos de protección y seguridad para las familias.

La iniciativa prevé la creación de una plataforma única de identidad segura y confiable, así como convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que las fiscalías puedan acceder a bases de datos con fines de identificación.

Toda autoridad que reciba un reporte de desaparición deberá registrarlo de forma inmediata, y las familias podrán completar el registro sin dilación.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, afirmó que el proceso no fue una simulación, ya que el tema de personas desaparecidas es una prioridad del Gobierno de México. “No es un asunto cerrado. Muchas de las propuestas fueron para la legislación, pero otras serán retomadas en la política pública que viene”, puntualizó.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, informó que 276 de los 450 colectivos que participaron, lo que representa el 61 por ciento, manifestaron su respaldo a la iniciativa tras el proceso de diálogo. Reconoció que algunos colectivos aún no han expresado su postura, pero se continuará con un diálogo abierto para construir consensos.

Finalmente, Rodríguez Velázquez reiteró que esta reforma representa apenas una primera etapa, y que el trabajo con los colectivos continuará para desarrollar nuevas acciones en materia de política pública y fortalecer la agenda nacional de búsqueda.