Guardia Nacional con mando militar y nuevas leyes de inteligencia: Congreso da luz verde al paquete de seguridad

Ciudad de México, a 01 de julio del 2025.- Cinco reformas fundamentales en materia de seguridad, inteligencia, combate al crimen y protección ciudadana fueron aprobadas entre este lunes y martes en el Congreso de la Unión, conformando un nuevo andamiaje legal que busca fortalecer la estrategia nacional contra la delincuencia en México.

Con la entrada en vigor de estas modificaciones legislativas, el Estado mexicano contará con un modelo renovado de seguridad e inteligencia que implicará la cooperación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, fiscalías y sectores privados. Este esquema contempla el acceso a bases de datos estratégicas que incluyen información biométrica, financiera y personal, con el objetivo de mejorar las capacidades de investigación y respuesta ante delitos.

Entre las reformas más destacadas se encuentra la que establece el mando militar permanente de la Guardia Nacional (GN), que fue aprobada por el Senado de la República. A partir de esta modificación, la GN funcionará como un órgano especializado en seguridad pública dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con facultades para intervenir tanto en delitos del fuero federal como del fuero común.

Además de mantener un papel activo en la prevención y atención de delitos, la Guardia Nacional estará facultada para apoyar directamente a los gobiernos estatales y municipales en materia de seguridad pública. También tendrá la obligación de rendir cuentas periódicamente ante el Senado sobre sus actuaciones y el ejercicio de sus atribuciones.

Las otras reformas aprobadas abarcan el fortalecimiento del combate al lavado de dinero, nuevas disposiciones en la búsqueda de personas desaparecidas, la creación de una agencia federal antimonopolio independiente y ajustes al marco legal para la operación de sistemas de inteligencia nacionales.

Estas acciones legislativas marcan un cambio significativo en la estrategia de seguridad del país, al buscar una mayor coordinación interinstitucional y un uso más efectivo de la tecnología y la información estratégica para enfrentar los retos actuales en materia de violencia, crimen organizado y protección ciudadana.