Nueva política de deportación exprés en EE. UU. permite expulsiones en seis horas a terceros países

Washington, D.C., a 14 de julio del 2025.- El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, implementa una nueva política de deportación exprés que acelera la expulsión de migrantes. Ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede deportar a personas en apenas seis horas tras notificarles, siempre que se trate de “circunstancias apremiantes” y que el migrante haya tenido oportunidad de consultar a un abogado, informó Todd Lyons, director interino de ICE, en un memorando firmado el 9 de julio.

Esta medida autoriza la deportación de migrantes a “terceros países” que se comprometan a no perseguir ni torturar a las personas expulsadas, sin requerir procedimientos legales adicionales. Hasta ahora, el ICE usualmente esperaba al menos 24 horas para ejecutar este tipo de expulsiones, pero la nueva directiva permite una actuación mucho más rápida.

El gobierno estadounidense justifica esta medida como un mecanismo para acelerar la salida de migrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó restricciones que limitaban estas expulsiones rápidas por preocupaciones sobre persecución en el país receptor.

Posterior a este fallo, la administración Trump comenzó a enviar migrantes a países como Sudán del Sur y presionó a naciones africanas como Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Senegal y Gabón para que aceptaran a exiliados de distintas regiones, según reportes de Reuters.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado esta política, calificándola de “cruel” y señalando que vulnera el debido proceso, ya que algunas personas podrían ser deportadas a lugares donde enfrentarían violencia, no tendrían vínculos ni dominarían el idioma local. Trina Realmuto, abogada de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, advirtió que la nueva política “está muy lejos de garantizar las protecciones legales y el debido proceso que exige la ley”.

Durante la primera administración de Trump (2017-2021), se registraron deportaciones limitadas de migrantes de El Salvador y Honduras hacia Guatemala. La autorización para reactivar la deportación rápida a terceros países fue otorgada por la Corte Suprema el 23 de junio de 2024.

En respuesta a una orden judicial que permitía a los migrantes impugnar estas expulsiones, el gobierno federal presentó una apelación de emergencia a finales de mayo, después de que un juez de Boston concluyera que la administración había violado dicha orden al deportar a migrantes condenados por delitos graves a Sudán del Sur, incluyendo personas originarias de Cuba y México.