Ciudad de México, a 01 de agosto del 2025.- Este viernes, Israel Vallarta Cisneros obtuvo su libertad después de pasar casi 20 años en prisión sin contar con una sentencia definitiva. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, determinó que no había pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban, entre ellos secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
La jueza Mariana Vieyra Valdés ordenó la liberación inmediata de Vallarta del Penal del Altiplano, en el Estado de México, tras analizar las inconsistencias y la falta de evidencia contundente en su contra.
Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, en un caso que provocó controversia nacional e internacional debido a irregularidades en el proceso judicial y un montaje televisivo realizado por autoridades mexicanas. Mientras Cassez fue liberada en 2013, Vallarta permaneció en prisión pese a las denuncias de tortura y la ausencia de pruebas concluyentes.
Organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitieron medidas provisionales para salvaguardar sus derechos humanos durante su encarcelamiento.
En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la liberación como una “buena noticia” y señaló que el caso evidenció un “montaje” orquestado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el periodista Carlos Loret de Mola. Destacó que el gobierno trabajó para garantizar la absolución de Vallarta y brindar apoyo en su situación legal y familiar. Además, mencionó que Vallarta podría solicitar una reparación del daño conforme a la Ley General de Víctimas.
La liberación de Israel Vallarta resalta las deficiencias del sistema judicial mexicano, donde muchas personas enfrentan detenciones prolongadas sin sentencia. Asimismo, su caso puso al descubierto la corrupción en algunas fuerzas de seguridad de la época, cuyos responsables han sido sancionados.
Este acontecimiento representa un avance en la defensa de los derechos humanos en México y subraya la urgencia de implementar reformas profundas para fortalecer el sistema judicial y garantizar procesos justos y transparentes.


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