Ciudad de México, Gto., a 20 de agosto del 2025.- El sector inmobiliario, tanto en México como en Estados Unidos, se ha convertido en un terreno propicio para la evasión fiscal y el lavado de dinero. Cada año, en México se ocultan aproximadamente 34 mil 996 millones de pesos en una industria que ha crecido aceleradamente, principalmente mediante la construcción de departamentos de lujo que permanecen vacíos, lo que genera distorsión en los precios de mercado, de acuerdo con especialistas e información oficial.
Entre 2018 y 2023, el quebranto al fisco alcanzó 174 mil 980 millones de pesos, según un estudio solicitado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este fenómeno no solo afecta las finanzas públicas, sino que también evidencia cómo el sector inmobiliario absorbe ganancias del crimen organizado.
Puerto Vallarta es un ejemplo paradigmático. Entre 2021 y la fecha, el precio promedio del metro cuadrado en departamentos aumentó 176.6%, mientras el de casas creció 94%, impulsado por plataformas de renta temporal y la operación de inmobiliarias sancionadas por servir como fachada para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con la plataforma Properstar.
El 13 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a fraudes con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, relacionadas con lavado de dinero del CJNG. En junio, otra investigación señaló a José Raúl Núñez Ríos y a su esposa Sheila Paola Urías Vásquez por lavar dinero de la organización criminal Los Chapitos mediante empresas inmobiliarias en Mazatlán, Sinaloa.
Maribel Vázquez, directora de Grupo 360 y especialista en prevención de lavado de dinero, explicó que el sector inmobiliario es atractivo para redes criminales porque las transacciones involucran montos altos, pueden simularse mediante contratos privados o sobrevaluaciones y, en muchos casos, no es fácil identificar al beneficiario final cuando se usan prestanombres o empresas fachada.
Además de Jalisco, estados como Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Puebla y Nayarit concentran empresas involucradas en este tipo de operaciones. La compra de propiedades con dinero ilícito distorsiona los precios de mercado, especialmente en zonas turísticas, provocando un efecto arrastre que desplaza a compradores legítimos.
El fenómeno no se limita a México. En Estados Unidos, donde el mercado inmobiliario alcanzó 47 billones de dólares hasta 2023, entre 20 y 30% de las compras no están completamente sujetas a regulaciones antilavado. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, mexicanos invirtieron 4 mil 400 millones de dólares en propiedades estadounidenses, casi la mitad en efectivo, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos.
La cooperación binacional es clave, ya que las redes criminales operan en ambos países. Según Vázquez, la sanción contra operadores y prestanombres del CJNG refuerza la necesidad de coordinación entre México y Estados Unidos para frenar el ingreso de dinero ilícito al mercado inmobiliario y proteger la estabilidad del sector.
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