Agricultores del Bajío alcanzan acuerdo parcial con el Gobierno Federal tras intensas negociaciones

Ciudad de México, a 29 de octubre del 2025.- Después de casi cinco horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, productores de maíz de Jalisco, Michoacán y Guanajuato lograron un acuerdo parcial con el Gobierno Federal, que contempla un apoyo económico de 950 pesos por tonelada. Aunque el precio base del grano quedará sujeto al libre mercado, el convenio representa un respiro para miles de agricultores que mantenían bloqueos carreteros en distintas regiones del país.

Del monto acordado, 800 pesos serán aportados por el Gobierno Federal, mientras que 150 pesos correrán a cargo de los gobiernos estatales. Este apoyo beneficiará principalmente a pequeños productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, quienes recibirán respaldo para un máximo de 200 toneladas por agricultor.

El pacto también incluye la ampliación del programa “Cosechando Soberanía”, que ofrecerá créditos con tasas preferenciales del 8.5 % anual y la incorporación de seguros agrícolas frente a sequías, inundaciones y plagas. Asimismo, se acordó la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que establecerá precios de referencia, impulsará la transparencia en la cadena comercializadora y fomentará acuerdos directos entre productores e industria.

El dirigente Mauricio Pérez reconoció que el acuerdo no cumple completamente con las expectativas del sector, pero destacó que confían en que el mercado y la industria mejoren los precios en los próximos meses. Los agricultores habían solicitado inicialmente un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada, mientras que la propuesta gubernamental previa se mantenía en 6,050 pesos, cifra considerada insuficiente ante los altos costos de producción.

Tras la firma del acuerdo, los productores comenzaron el retiro de bloqueos carreteros en los estados del Bajío, aunque advirtieron que podrían regresar a la mesa de diálogo en caso de no concretarse apoyos adicionales en temas como agua, energía y comercialización.

Especialistas del sector agrícola señalan que este convenio representa un avance temporal, pero no soluciona los problemas estructurales que enfrenta el campo mexicano, como la volatilidad de precios, la desigualdad entre productores y la falta de incentivos sostenibles.

Con este acuerdo, el Gobierno Federal busca restablecer la normalidad en las carreteras y brindar certidumbre al mercado nacional del maíz, un cultivo fundamental para la economía rural y la seguridad alimentaria del país.