Guanajuato, Gto., a 07 de noviembre del 2025.- Las declaraciones del sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como Padre Pistolas, generaron una fuerte polémica en Guanajuato tras lanzar amenazas contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo durante una homilía. Los comentarios, considerados violentos y misóginos, provocaron reacciones de condena a nivel estatal y federal, incluyendo a la Secretaría de las Mujeres.
El sacerdote realizó los señalamientos el pasado 2 de noviembre, refiriéndose al proyecto del Acueducto Solís-León, una obra impulsada por el gobierno estatal que busca garantizar el abasto de agua en la región. Durante su discurso, el religioso afirmó que dicha iniciativa afectaría a productores agrícolas del sur del estado, lanzando expresiones ofensivas y amenazas directas hacia la mandataria.
Ante las declaraciones, la gobernadora Libia Dennise García condenó públicamente la agresión y aseguró que no presentará una denuncia penal, aunque calificó los dichos como un ejemplo de violencia política y de género.
“Lo condeno públicamente porque ninguna mujer, con o sin cargo, debe ser víctima de este tipo de agresiones”, señaló la titular del Ejecutivo estatal.
Por su parte, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, expresó su respaldo a la gobernadora y pidió erradicar cualquier forma de violencia verbal o simbólica hacia las mujeres en el espacio público.
“Ninguna mujer debe ser amenazada, ni física ni verbalmente. La discusión pública debe darse sin machismo, sin racismo y sin clasismo”, enfatizó la funcionaria federal.
El caso también generó posicionamientos de distintos actores políticos y sociales, quienes coincidieron en que este tipo de expresiones refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos contra la violencia política de género.
Desde el Partido Acción Nacional, se señaló que los ataques del sacerdote no solo representan una falta de respeto hacia la persona de la gobernadora, sino hacia todas las mujeres que participan en la vida pública.
Analistas coinciden en que este episodio evidencia la persistencia de discursos violentos en sectores donde la figura femenina al frente del poder aún genera resistencia. Además, abre el debate sobre los límites del discurso religioso cuando se utiliza para descalificar o amenazar a autoridades civiles.
En los próximos días, se espera que organismos de derechos humanos y colectivos feministas se pronuncien sobre el caso, mientras el gobierno estatal mantiene su postura de no responder con confrontación, sino con trabajo y resultados.


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