Guanajuato, Gto., a 27 de febrero del 2026.- Con el objetivo de reforzar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó dos dictámenes de alto impacto: la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo y la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La primera iniciativa reconoce la violencia vicaria como una modalidad específica de violencia de género, diferenciada de la violencia familiar. Esta conducta ocurre cuando el agresor utiliza a hijas e hijos para causar daño emocional a la madre, afectando el vínculo materno-filial.
Durante el análisis, la diputada Susana Bermúdez Cano explicó que esta forma de agresión tiene como propósito generar un daño profundo a las mujeres por razones de género. Además, advirtió que no solo impacta a las madres, sino que vulnera el interés superior de la niñez, al exponer a menores a manipulación, amenazas, sustracción y violencia psicológica.
Datos citados en la discusión refieren que, según el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, el 81% de las mujeres víctimas han sido separadas de sus hijas e hijos, mientras que el 76% ha recibido amenazas de no volver a verlos.
Registro Público de Personas Agresoras Sexuales
En el mismo sentido, se aprobó la propuesta presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la cual establece que las personas con sentencia firme por delitos sexuales cometidos contra menores de edad deberán ser inscritas en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La diputada Jared González Márquez señaló que este registro no constituye una sanción adicional, sino una herramienta preventiva para evitar la reincidencia y proteger la integridad de la niñez. Explicó que permitirá verificar la idoneidad de quienes busquen desempeñarse en espacios donde convivan con menores, reduciendo posibles riesgos.
Legisladoras subrayaron que el debate debe centrarse en la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes, y no en la comodidad jurídica de los agresores. Destacaron que la medida se apega al principio constitucional de protección reforzada cuando se trata de personas menores de edad.
Reforma al Código Penal
Asimismo, la Comisión avaló una modificación para establecer en el Código Penal del Estado que, en delitos cometidos contra menores, deberá prevalecer en todo momento el interés superior de la niñez. Con ello, se busca garantizar que cada resolución judicial priorice la seguridad, bienestar y derechos de la infancia.
Con estas reformas, las fuerzas promoventes reiteraron su compromiso de fortalecer el marco jurídico estatal para prevenir la violencia, cerrar espacios de impunidad y garantizar una vida libre de agresiones para mujeres y menores en Guanajuato.


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