Aprueba Comisión del Congreso de Guanajuato reforma del PAN para proteger la unidad familiar de personas migrantes

Reconocen en dictamen el principio de preservación familiar en contexto de movilidad humana y avanzan propuestas en materia de pensiones y jubilaciones

Guanajuato.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato, encabezada por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, aprobó el dictamen de una iniciativa impulsada por el PAN y el PRD que busca incorporar a la Constitución local el principio de unidad familiar de personas migrantes en contexto de movilidad humana.

Durante la discusión, la diputada Yesenia Rojas Cervantes calificó la aprobación como un avance relevante en materia de derechos humanos, al señalar que este reconocimiento constitucional responde a una realidad que enfrentan miles de familias migrantes guanajuatenses.

La legisladora subrayó que Guanajuato mantiene una fuerte tradición migrante y se ubica entre las entidades que más remesas reciben en el país, recursos que impactan directamente en educación, vivienda y desarrollo comunitario. Sin embargo, advirtió que las políticas migratorias restrictivas y los procesos de deportación han dificultado la reunificación familiar.

Con esta reforma, se pretende sentar bases para el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer los vínculos familiares de las personas migrantes, así como impulsar una agenda transversal en temas de educación, salud y desarrollo social.

En otro punto del orden del día, la comisión también aprobó dictámenes relacionados con la protección de los derechos de personas pensionadas y jubiladas.

Una de las propuestas plantea una reforma a la Constitución federal para incorporar el concepto de Remuneración Anual Máxima, con el objetivo de establecer criterios claros sobre los límites salariales y evitar interpretaciones que afecten derechos adquiridos.

Asimismo, se avaló un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta de la República y al Congreso de la Unión a revisar disposiciones consideradas retroactivas, las cuales, según el dictamen, podrían vulnerar el principio de seguridad jurídica de jubilados y pensionados.