Guanajuato, Gto., a 08 de mayo del 2026.- El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Constitución local en materia de no reelección y nepotismo electoral, con el respaldo de las bancadas del PAN y PRD, en un proceso de armonización legislativa con las recientes modificaciones federales en materia político-electoral.
Las modificaciones establecen la prohibición de la reelección consecutiva para diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, además de restricciones para impedir prácticas de nepotismo electoral en cargos de elección popular. Asimismo, se contemplan ajustes relacionados con el financiamiento público y la integración de los órganos legislativos estatales.
Durante la discusión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que estos cambios responden a un mandato constitucional federal que debe cumplirse antes del proceso electoral de 2027. Sin embargo, advirtió que las reformas no representan transformaciones de fondo y consideró que no fortalecen de manera sustancial el federalismo ni la vida municipal.
También criticó que las disposiciones contra el nepotismo entren en vigor hasta 2030, cuando —a su juicio— debieron aplicarse desde el proceso de 2027. Además, apuntó que aún existen pendientes en materia político-electoral que requerirán nuevos acuerdos legislativos.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano recordó que la reelección consecutiva fue incorporada en 2014 con el objetivo de fortalecer la profesionalización legislativa y la rendición de cuentas. No obstante, afirmó que su eliminación se realizó sin evidencia clara sobre su ineficacia y cuestionó la coherencia de la reforma federal al mantenerla en el Poder Judicial.
Respecto al nepotismo electoral, explicó que la reforma busca evitar que personas con vínculos familiares inmediatos sucedan en cargos públicos, con el objetivo de fortalecer el acceso por mérito y reducir riesgos de corrupción y abuso de poder.
Con esta aprobación, las y los legisladores del PAN y PRD destacaron que la armonización constitucional responde a una obligación derivada del ámbito federal, aunque insistieron en la necesidad de impulsar reformas de mayor alcance que fortalezcan la democracia, la transparencia y las instituciones en el país.


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