Guanajuato, Gto., a 09 de abril del 2026.- El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), junto con la representación del PRD, presentó un exhorto al Gobierno Federal para fortalecer la protección de los derechos humanos de migrantes mexicanos frente a presuntos abusos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
La propuesta plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adopte una postura más activa, pasando de una función meramente administrativa a una estrategia de defensa legal integral, que incluya acompañamiento jurídico y mejores condiciones en los centros de detención.
En este contexto, la diputada Yesenia Rojas Cervantes impulsó la creación de un Plan Familiar de Prevención y una Red de Respuesta Inmediata, con el objetivo de evitar la separación de familias, la pérdida de patrimonio y la falta de defensa legal para connacionales detenidos.
La legisladora subrayó la necesidad de garantizar información oportuna, visitas consulares efectivas y asistencia legal y humanitaria para las personas migrantes, así como protección para sus familiares.
Datos de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) indican que, desde 2025 y durante los primeros meses de 2026, se ha registrado un incremento en los operativos del ICE, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones a derechos fundamentales.
Rojas Cervantes advirtió que migrantes originarios de Guanajuato enfrentan una situación crítica en centros de detención, donde —aseguró— se presentan prácticas que vulneran la dignidad humana, como negligencia médica y la criminalización generalizada de personas en contexto de movilidad.
Asimismo, señaló que los procesos de detención migratoria se han caracterizado por la falta de transparencia jurídica, dejando a los detenidos incomunicados y sin acceso a una defensa adecuada.
En paralelo, Amnistía Internacional ha exhortado al Estado mexicano a reforzar las acciones de protección para sus ciudadanos en el extranjero. En ese sentido, la legisladora pidió activar mecanismos de derecho internacional en casos de detenciones irregulares, en coordinación con organismos especializados.
Por otra parte, la diputada también denunció presuntas irregularidades dentro del Instituto Nacional de Migración (INM), donde —afirmó— existen prácticas de acaparamiento y venta de espacios para trámites. Adelantó que se presentará un punto de acuerdo para atender esta problemática.
El GPPAN reiteró que la defensa de los derechos humanos de migrantes es un eje prioritario en su agenda, destacando la importancia de proteger a las familias, especialmente en casos donde niñas y niños son separados de sus padres sin información sobre su paradero.
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