Maltrato animal en Guanajuato sigue impune pese a reformas legales y denuncias ciudadanas

Guanajuato, Gto., a 18 de mayo del 2025.- El maltrato animal en México continúa siendo un problema de gran magnitud, y en el estado de Guanajuato la situación es especialmente crítica. Según organizaciones protectoras, se calcula que más de 400 mil mascotas viven en condición de abandono en la entidad. Aunque se han realizado reformas legales en años recientes, la impunidad y la falta de aplicación efectiva de la ley siguen siendo constantes.

En agosto de 2024, en la comunidad de Rincón de Tamayo, en Celaya, se reportó el envenenamiento masivo de perros, lo cual provocó indignación entre la ciudadanía. En Villagrán, un hombre fue acusado de mutilar y maltratar perros callejeros. En León, dos menores de edad amarraron a una perra y la arrojaron a un pozo, intentando matarla con una piedra. Y en San Miguel de Allende, trabajadores municipales fueron señalados por asesinar brutalmente a cuatro perros. Aunque estos casos han sido ampliamente difundidos en redes sociales, en la mayoría no se han aplicado sanciones. En abril de este año, en Celaya, en la colonia Los Olivos, donde un perrito fue víctima de un acto cruel que terminó con su vida.

En junio de 2024, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley para la Protección Animal, entre ellas la creación de clínicas veterinarias públicas, campañas de esterilización y mayores penas por crueldad animal. No obstante, la implementación de estas medidas depende del presupuesto disponible y del compromiso de cada municipio.

En febrero de 2025, se propuso reformar la Constitución del Estado para incluir explícitamente la protección animal como derecho, lo que permitiría armonizar la legislación local con la federal y avanzar hacia un marco legal más fuerte.

A pesar de este marco jurídico, los resultados son mínimos. Desde 2015, cuando entró en vigor la Ley de Protección Animal, solo se han dictado dos sentencias condenatorias por maltrato en todo el estado. Esto evidencia una grave brecha entre la ley y su aplicación.

Organizaciones como Animare advierten que la burocracia y la falta de capacitación en las instituciones de justicia desalientan las denuncias. Muchos ciudadanos desconocen cómo reportar estos delitos y, cuando lo hacen, no encuentran una respuesta adecuada de parte de las autoridades.

Colectivos defensores de los derechos animales demandan voluntad política real para hacer cumplir la ley, así como campañas de concientización, fiscalías especializadas y un enfoque de prevención y educación comunitaria. La situación en Guanajuato exige acciones urgentes: no basta con reformar leyes si no se garantiza su cumplimiento.

La protección animal no debe ser una promesa simbólica, sino una política pública activa y efectiva. Guanajuato tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de marcar un cambio profundo en la defensa de los seres vivos más vulnerables.