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Movimiento Ciudadano exige investigar irregularidades en Programa de Seguridad Pública de Irapuato

Guanajuato, Gto., a 30 de abril del 2025.- Durante la sesión del pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para investigar presuntas irregularidades en el Programa Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Irapuato.

El diputado Rodrigo González exhortó a la titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Irapuato, Patricia Aguilar Gallardo, a rendir cuentas por el retraso en la presentación de los informes trimestrales y por la omisión en la entrega formal del propio programa de seguridad. Además, señaló la ausencia de un protocolo de intervención para las fuerzas de seguridad en los centros de rehabilitación del municipio.

“En Irapuato, los índices delictivos han crecido significativamente en el último periodo. La percepción de inseguridad entre la población también se ha disparado. Según datos del INEGI, la ciudad ocupa el quinto lugar nacional en percepción de inseguridad, con un preocupante 88.9%”, advirtió el legislador.

González enfatizó que garantizar la seguridad pública es un deber legal, pero también una necesidad social esencial, ya que sin ella, el desarrollo económico, educativo y el bienestar de la ciudadanía son imposibles.

La denuncia de Movimiento Ciudadano, presentada ante el Órgano Interno de Control del Municipio el pasado 24 de abril, incluye los siguientes señalamientos:

  1. Omisión en la presentación del Programa Municipal de Seguridad Pública
  2. Entrega tardía e incompleta de los informes trimestrales
  3. Ausencia de un protocolo de intervención en centros de rehabilitación
  4. Posibles riesgos a derechos fundamentales y presunto encubrimiento

El legislador concluyó que es necesaria una transformación profunda de las instituciones encargadas de la seguridad en Guanajuato. Propuso un enfoque integral que priorice la prevención social, la profesionalización policial, el combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.

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