Piden ampliar plazo para regularización eléctrica de productores del campo en Guanajuato

Guanajuato, Gto., a 19 de marzo del 2026.- Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y de la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a extender el plazo para la regularización eléctrica de productores del campo dentro del Programa Especial de Energía para el Campo.

El diputado Roberto Carlos Terán Ramos señaló que actualmente las y los productores deben presentar un dictamen emitido por Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas antes del 28 de abril, requisito indispensable para conservar las tarifas preferenciales de energía en el bombeo de agua para uso agrícola.

Ante esta situación, la propuesta legislativa plantea una prórroga en los plazos de regularización, así como su implementación de manera gradual y progresiva, considerando la capacidad económica y técnica de los productores, principalmente de los pequeños agricultores.

De acuerdo con lo expuesto, el costo de estos dictámenes oscila entre los 30 mil y 70 mil pesos, lo que representa una carga significativa. El acceso a energía eléctrica a bajo costo es un factor clave para la operación de los sistemas de riego y la continuidad de la producción agrícola.

El legislador advirtió que, sin una ampliación del plazo, podrían incrementarse los costos operativos del sector, disminuir la superficie cultivada o incluso registrarse el abandono temporal de tierras, lo que impactaría directamente en la producción agrícola y en la economía de las familias del campo.

En este contexto, se destacó que el Programa Especial de Energía para el Campo ha sido históricamente un apoyo fundamental para garantizar la viabilidad del riego agrícola; sin embargo, señalaron que su actual operación representa dificultades para los beneficiarios.

Las y los diputados subrayaron que el campo guanajuatense es pilar económico y social, por lo que las políticas públicas deben equilibrar los procesos administrativos con la realidad del sector. Asimismo, enfatizaron que esta medida busca proteger el empleo rural, fortalecer la seguridad alimentaria y hacer frente a los retos derivados del cambio climático y la reducción de apoyos federales.

Finalmente, indicaron que ampliar el plazo permitiría a las y los productores cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la CFE sin poner en riesgo su estabilidad financiera ni el abasto de alimentos.