Ciudad de México, a 28 de enero del 2025.- En los últimos cuatro días, el gobierno de Donald Trump ha detenido a 3,014 inmigrantes indocumentados, según cifras oficiales. Esto equivale a aproximadamente 31 personas arrestadas cada hora, incluyendo solicitantes de asilo en proceso y trabajadores de la construcción. Las detenciones fueron confirmadas por testimonios y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Las operaciones, llevadas a cabo con el apoyo del FBI, la ATF y la DEA, se intensificaron durante el fin de semana en estados como Illinois, Arizona, California, Colorado, Nebraska y Texas. Los arrestos se distribuyeron de la siguiente manera: 593 personas el viernes, 286 el sábado, 956 el domingo y 1,179 el lunes.
En Georgia, las acciones se centraron en ciudades como Atlanta, Savannah y Cartersville. En Augusta, siete mexicanos que viajaban en dos camionetas hacia una obra de construcción fueron detenidos mientras cargaban gasolina. “Se los llevaron y ahora no se sabe dónde están”, declaró Luis Villeda, un constructor cercano a los detenidos, en entrevista con MILENIO.
Además de las redadas, el ICE emitió 2,277 órdenes de retención migratoria a diversas agencias federales, estatales y locales, incluyendo cárceles y prisiones. Estas órdenes tienen como objetivo notificar al ICE «tan pronto sea posible» cuando se libere a ciudadanos indocumentados, con miras a su deportación.
Las detenciones han generado preocupación entre las comunidades de inmigrantes, especialmente por la falta de información sobre el paradero de los detenidos. Organizaciones de derechos humanos han criticado las acciones, argumentando que afectan a personas que buscan asilo o que contribuyen a la economía local.
Mientras tanto, el ICE ha defendido las operaciones como parte de su mandato para hacer cumplir las leyes de inmigración y garantizar la seguridad nacional.
Estas redadas reflejan la postura firme del gobierno de Trump hacia la inmigración indocumentada, un tema que sigue siendo polémico y divisivo en Estados Unidos. Las comunidades afectadas esperan respuestas claras sobre el destino de los detenidos y el proceso que seguirá en cada caso.