Ciudad de México, a 05 de junio del 2025.- El término «narcoterrorismo» ha comenzado a aparecer en documentos judiciales de Estados Unidos como parte de una nueva estrategia legal impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La medida, inédita hasta ahora en los cargos presentados contra narcotraficantes, forma parte de una orden ejecutiva emitida el pasado 20 de febrero, en la cual se declara como organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas.
Milenio tuvo acceso a los expedientes judiciales de las primeras siete personas procesadas bajo esta nueva clasificación. Entre los acusados se encuentran ciudadanos mexicanos, exguerrilleros colombianos ligados al narcotráfico e incluso dos estadounidenses que colaboraron con cárteles desde su territorio.
La Orden Ejecutiva 14157 establece que cualquier individuo que pertenezca o colabore con las organizaciones señaladas será tratado como terrorista. Las agrupaciones designadas incluyen a El Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.
Los primeros acusados
El colombiano Geovany Andrés Rojas, alias El Araña, líder de los Comandos de Frontera, fue el primero en enfrentar cargos bajo la nueva figura. Según la acusación, conspiró para traficar cocaína desde Ecuador y Colombia hacia California. Su historial delictivo incluye participación en Los Rastrojos, las FARC y finalmente en los Comandos de Frontera. Actualmente está recluido en el complejo penitenciario La Picota, en Bogotá.
En abril fue acusado también Adrián Alberto Cano, alias Andrea, presuntamente vinculado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada que ha sido señalada por crímenes de guerra. Cano habría traficado cocaína en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
«Este no es un caso de drogas común y corriente», afirmó el fiscal estadounidense Nicholas J. Ganjei. «Este grupo terrorista ha utilizado a las comunidades estadounidenses para financiar actividades violentas».
Mexicanos entre los señalados
En mayo, Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel fueron acusados de narcotráfico y lavado de dinero en favor de los Beltrán Leyva, una facción del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses los vinculan con una de las redes de producción de fentanilo más grandes del mundo. En operativos realizados en Sinaloa se incautaron 1.65 toneladas de esta droga, el mayor decomiso de fentanilo registrado hasta la fecha.
Los Inzunza enfrentan cargos por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Su paradero actual es desconocido, aunque su zona de operación se ubica en Los Mochis, Sinaloa.
Una mujer en la red del CJNG
Otro caso que ha llamado la atención es el de María del Rosario Navarro Sánchez, conocida como Chayo, de 39 años, acusada de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según documentos de la Fiscalía de Texas, proporcionó armas al CJNG y participó en redes de contrabando de metanfetamina, además de traficar personas desde Ciudad Juárez a Estados Unidos.
“Actuó como facilitadora clave de la violencia, empoderando a cárteles y organizaciones terroristas”, indica el informe oficial. Navarro Sánchez fue detenida en mayo en Magdalena, Jalisco. Aunque se solicitó su extradición, un juez federal en México concedió una suspensión temporal del proceso.
También ciudadanos estadounidenses
Entre los acusados se encuentran también dos ciudadanos de Utah: Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, y su padre James Lael Jensen, de 68. Ambos están siendo procesados por conspirar para apoyar al CJNG mediante lavado de dinero y tráfico ilegal de crudo.
El uso del término «narcoterrorismo» marca un giro legal significativo en la lucha antidrogas por parte del gobierno estadounidense, y anticipa un endurecimiento en las acciones judiciales contra las organizaciones criminales transnacionales y sus colaboradores, sin importar su nacionalidad.
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