Batallas legales mantienen activos bienes y empresas vinculadas a estructura criminal en México

Ciudad de México, a 07 de julio del 2025.- Durante casi cinco años, Laisha Michelle Oseguera González enfrentó una batalla legal para recuperar una propiedad asegurada por el gobierno mexicano. La vivienda, ubicada en una exclusiva zona de Tijuana y retenida desde 2017 por la Fiscalía General de la República (FGR), fue finalmente liberada en febrero de 2024 por un juez de Baja California. La defensa de Laisha argumentó que ser hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no constituye prueba suficiente para vincularla con el uso de recursos ilícitos.

La casa fue asegurada tras acusaciones de lavado de dinero contra su madre, Rosalinda González Valencia; sin embargo, la defensa demostró que la adquisición ocurrió cuando Laisha era menor de edad y que su madre solo actuó como gestora. Además, se comprobó que la FGR carecía de evidencias para sostener el uso de dinero ilegal o que en dicha propiedad se hubiera cometido algún delito.

Actualmente, Laisha mantiene otro juicio para recuperar una segunda residencia. En la última década, diversos familiares y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han logrado descongelar cuentas bancarias, recuperar propiedades aseguradas y mantener activas numerosas compañías en México.

Un análisis de los listados emitidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identifica a 245 personas y entidades vinculadas a la estructura financiera del CJNG. De estos, sólo el 17% están detenidos o han cumplido condenas, a pesar de las investigaciones y acciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

Además, se ha detectado que al menos ocho empresas propiedad de familiares de El Mencho y Los Cuinis han obtenido amparos judiciales para descongelar cuentas, y en dos casos, la FGR ha retirado aseguramientos de bienes. La mayoría de las 125 compañías señaladas por la OFAC continúan activas ante la Secretaría de Economía.

El CJNG ha sido señalado por utilizar diversos sectores económicos para lavar dinero proveniente del narcotráfico, incluyendo inmobiliarias, gasolinerías —algunas vinculadas a redes de huachicoleo—, constructoras, casas de cambio, empresas agrícolas, restaurantes y despachos fiscales.

Entre los personajes más relevantes que enfrentan procesos legales se encuentra Karely Lizbeth Ramírez Bañales, pareja sentimental de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, líder del CJNG con presencia en varios estados y considerado posible sucesor de El Mencho. Tras un litigio de casi cinco años, en 2025 logró que la UIF invalidara el congelamiento de sus cuentas bancarias por falta de pruebas suficientes.

Casos similares incluyen a César Enrique Díaz de León, alias El Lobito, y Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, alias El Árabe, ambos con procesos judiciales donde la UIF no ha podido mantener congelamientos debido a deficiencias en la solicitud y el proceso.

Pese a las múltiples persecuciones, la estructura financiera del CJNG continúa operando con relativa impunidad en México, en gran parte por las limitaciones legales que impone la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), especialmente desde 2018 y con reformas más estrictas en 2024.

Este reportaje se sustenta en documentos públicos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sentencias del Consejo de la Judicatura Federal, registros del Registro Público del Comercio, y archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, incluidos los datos revelados por la filtración Guacamaya Leaks.