Campaña judicial concluye entre presiones, violaciones y falta de control electoral

Ciudad de México, a 28 de mayo del 2025.- Después de 60 días de intensa campaña, 3,396 candidatos a distintos cargos del Poder Judicial concluyen hoy su proselitismo, dando paso a la veda electoral rumbo a la jornada del próximo domingo 1 de junio. Este proceso estuvo marcado por una serie de irregularidades, presiones corporativas y gubernamentales, poca intervención efectiva de las autoridades electorales y confusión entre los votantes.

La campaña judicial se desarrolló en un contexto de acarreo masivo a actos proselitistas y promoción del voto a través de “acordeones” —mecanismos utilizados para incentivar el voto en favor de ciertos candidatos—, además de una evidente intromisión de partidos políticos y gobiernos en la elección. Todo ello, en un escenario donde se ignoraron con frecuencia las reglas de propaganda y los límites para el gasto electoral.

Durante el proceso, la mayoría de los candidatos recurrió a redes sociales para atraer la atención de los electores, generando un ambiente saturado de información y, en muchos casos, desinformación. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció controles, la realidad fue un predominio de la confusión y constantes violaciones a la normativa electoral.

De aproximadamente 400 candidatos que desempeñaban funciones como juzgadores o servidores públicos en gobiernos locales y federales, cerca de 200 solicitaron licencia para participar en la campaña. El resto continuó con su actividad laboral mientras promovía su candidatura.

Uno de los principales problemas fue el respaldo corporativo a ciertas candidaturas. Los lineamientos del INE permitían la realización de foros de debate organizados por universidades, sindicatos y otras agrupaciones, siempre y cuando participara al menos el 50% de los candidatos. Sin embargo, en la práctica esto no se cumplió. Además, se prohibía entregar regalos promocionales como playeras o gorras en los eventos, una regla que fue sistemáticamente violada, principalmente por sindicatos. También estaba restringida la difusión de dichos foros, pero en la mayoría de los casos se difundieron ampliamente.

Entre los candidatos más señalados por incumplir las normas destaca la Ministra Yasmín Esquivel, quien fue amonestada en cuatro ocasiones por el INE y obligada a eliminar publicaciones, sin que se haya aplicado una sanción formal. Esto generó preocupación en la opinión pública por la sensación de impunidad y favoritismo, como señaló el consejero electoral Arturo Castillo el pasado 9 de mayo.

Otra infracción común fue la contratación ilegal de espacios en medios electrónicos y redes sociales. Según la Comisión de Quejas del INE, se recibieron 223 denuncias, la mayoría por compra indebida de propaganda. La organización Laboratorio Electoral reportó que 380 candidatos contrataron espacios publicitarios de forma irregular.

Además, se detectaron encuestas ficticias no registradas ante el INE diseñadas para favorecer ciertas candidaturas, junto con campañas coordinadas para posicionar perfiles específicos en redes sociales.

Aunque la reforma judicial impulsada por Morena prohibió la participación directa de partidos políticos en el proceso, su estructura partidista desplegó bardas, carteles y mantas en todo el país, además de promover el acarreo masivo y la entrega de “acordeones” para favorecer a perfiles afines a la Cuarta Transformación (4T).

Funcionarios públicos y gobiernos locales aprovecharon la interpretación del Tribunal Electoral para promover la elección judicial, intensificando la movilización de sus bases en favor de ciertos candidatos.

Con la campaña concluida, ahora corresponde a las autoridades electorales garantizar un proceso transparente y limpio, además de informar adecuadamente a la ciudadanía para que el voto del domingo refleje la voluntad libre y sin presiones.