Cárteles reclutan a artesanos para fabricar explosivos en Michoacán; van más de 3 mil decomisos

Ciudad de México, a 30 de mayo del 2025.- Grupos criminales en Michoacán han comenzado a reclutar a artesanos especializados en pirotecnia para la fabricación de explosivos utilizados como minas terrestres y en drones, dirigidos contra grupos rivales y fuerzas de seguridad, revelaron autoridades federales.

De acuerdo con Carlos Roberto Gómez Ruiz, subdirector del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, los cárteles más activos en esta práctica son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y los remanentes de los Caballeros Templarios.

Algunos artesanos son incorporados bajo amenazas, mientras que otros se suman voluntariamente por sus conocimientos en el manejo de pólvora. “Tenemos una zona de artesanos en pirotecnia. Así como desertores de corporaciones se van del otro lado, también lo hacen los artesanos, quienes fabrican pólvora y manipulan explosivos robados de la industria minera”, explicó Gómez Ruiz.

El CJNG ha sembrado explosivos en caminos y brechas de difícil acceso en la sierra de Michoacán, especialmente en la franja que conecta municipios como Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Los Reyes, Coalcomán y Cotija. Esta estrategia busca impedir el ingreso de sus enemigos y consolidar su control territorial, señalaron fuentes del gabinete de seguridad.

Las minas improvisadas, también conocidas como artefactos explosivos improvisados (AEI), han provocado múltiples víctimas tanto civiles como militares. Tan solo en 2024 se han decomisado 3 mil 454 explosivos, la mayoría en Apatzingán y Buenavista Tomatlán, según datos oficiales.

En respuesta a esta crisis, el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán ordenó al gobierno federal y estatal implementar acciones efectivas para ubicar y desactivar estas zonas minadas. La resolución, derivada de un amparo promovido por un grupo de jornaleros, busca proteger a comunidades afectadas por el desplazamiento forzado y las constantes amenazas a la vida.

El juez Sergio Santamaría Chamú instruyó también a la presidenta Claudia Sheinbaum a coordinar a las dependencias pertinentes para atender, rehabilitar y garantizar la seguridad de las víctimas de estas “narcominas”. “Se deben salvaguardar los derechos humanos y evitar el desplazamiento forzado, como ha ocurrido con mujeres de Aguililla que abandonaron sus hogares por temor a perder la vida”, puntualizó el juez.

La Tierra Caliente de Michoacán se ha convertido en uno de los principales focos de violencia del país, con una sofisticada operación criminal que adopta tácticas de guerra. Las autoridades continúan enfrentando enormes desafíos para frenar la expansión del crimen organizado y proteger a la población civil atrapada en el conflicto.