Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, a 20 de marzo del 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un Decreto que declara al Turismo Comunitario como actividad de interés público y prioridad nacional, impulsando la creación de los Destinos Turísticos Comunitarios (DTC). La medida busca fortalecer la economía de las comunidades indígenas y preservar sus tradiciones culturales.
Desde Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la mandataria destacó que este tipo de turismo representa el “México profundo”, donde los visitantes pueden conocer de cerca la vida de los pueblos originarios, sus prácticas artesanales, tradiciones y territorios. “El turismo comunitario permite que los mexicanos y turistas experimenten la auténtica riqueza cultural del país, desde las grandes pirámides hasta la vida cotidiana de los mayas actuales”, enfatizó.
El Decreto asigna recursos directos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para impulsar la infraestructura y servicios de estos destinos, que serán operados principalmente por cooperativas y empresas comunitarias. Inicialmente, se prevé la creación de tres DTC: Maya Ka’an en Quintana Roo, Camino del Mayab en Yucatán, y los Pueblos Mancomunados en Oaxaca.
El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, señaló que cada año se destinarán recursos para fortalecer el equipamiento y consolidar estos destinos, asegurando que los beneficios económicos permanezcan en las comunidades.
Por su parte, Román Caamal Coh, presidente de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, destacó que la actividad genera más de 30 millones de pesos, contribuyendo a la conservación de más de 7 mil 700 hectáreas en la Península de Yucatán. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, celebró que la firma del Decreto se realizara en Maya Ka’an, considerado un modelo replicable para otras regiones del país.
El Decreto también contempla la creación de la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario, que estará presidida por Fonatur e integrada por representantes de las secretarías de Bienestar, Cultura, Turismo, Medio Ambiente, la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), universidades y organizaciones civiles. Esta coordinación garantizará que la actividad turística se planifique con criterios de equidad y con participación directa de las comunidades.


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