Ciudad de México, a 09 de julio del 2025.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó este martes que Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, es responsable de violencia política de género en contra de la exdiputada Juanita Guerra Mena.
Los magistrados confirmaron la resolución de la Sala Regional Especializada del TEPJF, la cual resolvió que Blanco cometió actos de exclusión política durante un acto cívico en Cuautla, Morelos, el 2 de mayo de 2023, en el marco del aniversario del “Rompimiento del Sitio de Cuautla”. Durante dicho evento, el entonces gobernador impidió la participación de la legisladora en el presídium, además de dar instrucciones para restringirle el acceso al área principal. El Tribunal consideró que estas acciones constituyeron formas de violencia simbólica y psicológica que menoscabaron su derecho al ejercicio del cargo y visibilizaron una conducta discriminatoria por razones de género.
La denuncia fue presentada por la propia exdiputada Guerra Mena. Inicialmente fue desestimada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), sin embargo, el TEPJF revocó esa decisión y ordenó analizar el caso a fondo, al considerar que existían elementos que configuraban violencia política en razón de género.
Como parte de la sanción, el TEPJF ordenó inscribir a Cuauhtémoc Blanco en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE). Dicha inscripción tendrá una vigencia de 18 meses, lo que implica que Blanco queda inhabilitado para contender por cargos de elección popular durante ese periodo, poniendo en entredicho sus aspiraciones políticas a corto plazo dentro del partido Morena.
La sentencia ocurre en un contexto complicado para el exfutbolista, quien también ha enfrentado otras acusaciones, como una denuncia de violación interpuesta por su media hermana, misma que fue desechada por la Cámara de Diputados en marzo de este año. A pesar de ello, la resolución establece un precedente relevante en la lucha contra la violencia política de género y refuerza la postura del Tribunal en cuanto a la protección efectiva de los derechos político-electorales de las mujeres.
Aunque Blanco aún podría impugnar esta sentencia ante la Sala Superior del TEPJF, especialistas consideran que las probabilidades de revertir la resolución son reducidas, dada la contundencia de los hechos acreditados por el tribunal.


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