Ciudad de México, a 20 de mayo del 2026.- Autoridades federales ejecutaron en los estados de Morelos y Querétaro un operativo que derivó en el cumplimiento de seis órdenes de aprehensión contra servidores públicos, exfuncionarios, particulares y empresarios, por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y extorsión.
El anuncio fue realizado en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, como parte de la política de cero impunidad impulsada por la Presidencia de la República, durante una conferencia encabezada por el secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con mandos de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la información oficial, en la región oriente de Morelos, particularmente en el municipio de Cuautla, se detectaron actividades de extorsión dirigidas a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, mediante amenazas y cobros ilegales conocidos como “cuotas”.
Las investigaciones apuntan a que grupos criminales buscaban ejercer control territorial en la zona, lo que motivó el reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad a partir de abril, con mayor presencia de fuerzas federales y el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación.
Como resultado de trabajos coordinados entre la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se obtuvieron órdenes de cateo y aprehensión en diversos domicilios de Morelos y Querétaro.
Entre las personas detenidas se encuentran el presidente municipal de Atlatlahucan, el exalcalde de Yecapixtla, así como funcionarios del municipio de Cuautla, además de empresarios y una excandidata a un cargo municipal.
Las autoridades también informaron que continúa la búsqueda de Jesús “N”, actual presidente municipal de Cuautla, para ejecutar el mandamiento judicial correspondiente.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que incluirá en la Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos, entre personas físicas y morales, vinculadas con esta presunta red de corrupción, lo que implica el congelamiento de activos y restricciones financieras.
El Gobierno federal subrayó que estas acciones forman parte del combate a la corrupción, la extorsión y la delincuencia organizada, con el objetivo de desarticular estructuras que afectan la seguridad y el patrimonio de la población.
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