FGR llama a declarar a Rubén Rocha y a nueve funcionarios de Sinaloa por caso ligado al narco

Ciudad de México, a 23 de mayo del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad, como parte de una investigación derivada de acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos relacionadas con presuntos nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales e internacionales, las diligencias iniciaron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una acusación formal ante una corte federal en Nueva York, en la que se menciona a diversos actores políticos sinaloenses por supuestamente mantener vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

La FGR informó que las comparecencias forman parte de un proceso de integración de pruebas y revisión de los señalamientos realizados por el gobierno estadounidense. Las autoridades mexicanas señalaron que el objetivo es determinar posibles responsabilidades y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Entre las personas mencionadas se encuentran exfuncionarios de seguridad y servidores públicos ligados a administraciones estatales recientes. Además, se reportó que algunos de los involucrados enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos, mientras que otros continúan bajo investigación en territorio mexicano.

Tras darse a conocer las acusaciones, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo, asegurando públicamente que colaborará con las autoridades y rechazando cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en días recientes que el Gobierno de México no encubrirá a ninguna persona relacionada con actividades criminales, aunque pidió a las autoridades estadounidenses presentar pruebas sólidas que respalden las acusaciones.

El caso ha generado atención a nivel nacional debido a las implicaciones políticas y judiciales que podría tener para funcionarios vinculados a administraciones de Morena en Sinaloa, además de la presión diplomática entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.