Ciudad de México, a 06 de noviembre del 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión en contra del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada y de participar en una red de huachicol fiscal relacionada con el contrabando de hidrocarburos en aduanas del país.
De acuerdo con fuentes federales, el mando naval —quien se desempeñó en cargos de control aduanero— habría facilitado el ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos a través de los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas. Las investigaciones apuntan a que esta red operaba mediante la manipulación de trámites aduanales y declaraciones falsas para evadir el pago de impuestos al fisco federal.
El caso ha cobrado relevancia debido a que Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro de las instituciones involucradas.
La orden judicial, librada en agosto de 2025, forma parte de la causa penal 325/2025, derivada de una investigación en la que también se involucra a funcionarios aduanales y empresarios del sector energético. La FGR sostiene que el grupo habría obtenido beneficios millonarios mediante la importación irregular de diésel, utilizando buques con documentación alterada.
Pese a haber sido citado a comparecer ante una jueza federal de control en Almoloya de Juárez, Estado de México, el contralmirante no se presentó, por lo que fue declarado prófugo de la justicia. Posteriormente, INTERPOL emitió una ficha roja para su localización en los 192 países miembros.
Fuentes judiciales confirmaron que Farías Laguna promovió un amparo para frenar su detención, obteniendo una suspensión provisional mientras se define su situación legal. Sin embargo, la orden de captura continúa vigente y las autoridades mantienen su búsqueda activa.
El caso representa uno de los golpes más significativos contra el huachicol fiscal en México, ya que evidencia la posible participación de mandos militares y funcionarios en una estructura delictiva que habría afectado al erario por cientos de millones de pesos.
La Secretaría de Marina (Semar) ha reiterado su colaboración con las investigaciones y señaló que los hechos se circunscriben a la responsabilidad individual del exmando, sin afectar la operatividad institucional.
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