Gobierno federal envía iniciativa de ley para combatir la extorsión en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una iniciativa para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, con penas de hasta 15 años de prisión y medidas especiales para casos agravados.

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NACIONAL | 17 de octubre de 2025 | Actualizado: 1 de septiembre de 2026

Ciudad de México, a 17 de octubre del 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley destinada a prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión en todo el país.

Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, señaló que la propuesta se desarrolla tras la reforma al artículo 73 de la Constitución, publicada el pasado 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que faculta al Congreso para emitir una Ley General contra la extorsión. Con esto, todas las entidades federativas podrán perseguir este delito de oficio, sin depender de la presentación de una denuncia.

La iniciativa fue elaborada por una mesa técnica integrada por diversas dependencias del Gobierno de México y contempla:

Coordinación entre autoridades de distintos niveles de gobierno
Definición de un tipo penal básico y elementos esenciales para la investigación, persecución y sanción del delito
Acciones, programas y políticas transversales para combatir la extorsión
Reglas específicas para enfrentar este delito en centros penitenciarios

El proyecto propone penas de seis a 15 años de prisión, considerando agravantes como el cobro de piso, víctimas migrantes, menores de edad, o cuando la extorsión sea cometida por una persona servidora pública. Además, se eleva a Ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, que incluye el número 089 para realizar denuncias.

La iniciativa también armoniza varios ordenamientos legales, como el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, permitiendo que los bienes vinculados al delito puedan ser objeto de extinción de dominio.

Godoy Ramos destacó que esta medida busca fortalecer la intervención coordinada de las instituciones del Estado mexicano para erradicar la extorsión, un fenómeno delictivo que afecta a la sociedad en general.