Gobierno federal impulsa Ley General contra el feminicidio con penas de hasta 70 años y protocolos obligatorios

El Gobierno de México presentó una iniciativa de Ley General para combatir el feminicidio, con sanciones más severas y protocolos obligatorios en todo el país. La propuesta busca erradicar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

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Ciudad de México, a 24 de marzo del 2026.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de combatir la violencia feminicida y reducir la impunidad en México.

La propuesta busca que ninguna muerte violenta de mujeres quede sin investigarse como feminicidio. Para ello, establece que el Ministerio Público deberá iniciar todas las indagatorias bajo esta tipificación desde el primer momento, evitando que estos casos sean clasificados de manera incorrecta.

Entre los puntos clave, la iniciativa contempla la implementación de un sistema de investigación continua, sin interrupciones, así como la creación de protocolos homologados en todo el país. Al tratarse de una Ley General, las entidades federativas deberán adecuar su legislación para alinearse a este marco jurídico.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que para la creación de esta ley se requiere modificar el artículo 73 de la Constitución, lo que permitirá establecer el feminicidio como un delito homologado en todo México. La iniciativa reconoce nueve razones de género —como antecedentes de violencia, signos de agresión sexual o relaciones de poder— y contempla 21 agravantes.

En cuanto a las sanciones, se plantea una pena de 40 a 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio, además de castigos para la tentativa y multas económicas. También se propone que este delito sea imprescriptible, es decir, que pueda perseguirse sin límite de tiempo.

La iniciativa incluye medidas adicionales como la pérdida de derechos civiles del agresor, entre ellos la patria potestad, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Asimismo, se prevé la creación de Fiscalías especializadas y la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso judicial.

Desde la Secretaría de las Mujeres, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar destacó que la ley garantiza los derechos de las víctimas y sus familias, incluyendo acceso a la justicia, atención médica y psicológica, asesoría legal gratuita y apoyo a menores en situación de orfandad por feminicidio.

También se establecen lineamientos para evitar la difusión de imágenes de las víctimas en plataformas digitales y se refuerzan las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, mediante refugios, líneas de atención y centros especializados.

Como parte de la estrategia integral, se contempla la creación de un registro nacional de feminicidios y un padrón de niñas, niños y adolescentes en orfandad por este delito, con el respaldo del DIF, así como campañas de concientización a nivel nacional.

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