Gobierno federal inicia consulta nacional sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria para consultar la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El proceso incluirá a 16 mil 728 comunidades antes de su presentación al Congreso el 12 de octubre.

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NACIONAL | 29 de junio de 2026
La propuesta será consultada en 16 mil 728 comunidades de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano antes de ser enviada a la Cámara de Diputados el próximo 12 de octubre

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó la convocatoria para iniciar la consulta nacional de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que contempla la participación de 16 mil 728 comunidades, pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que este mecanismo representa un hecho sin precedentes en el país al reconocer plenamente los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios, además de fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a México.

La convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y marca el inicio del proceso de diálogo con las comunidades. Una vez concluida la consulta y realizadas las adecuaciones correspondientes, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Nación Pluricultural.

Sheinbaum destacó que el proyecto busca consolidar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como fortalecer su participación en la vida pública del país mediante un marco jurídico que garantice el ejercicio de sus derechos.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la propuesta reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les permitirá ejercer plenamente su autonomía y libre determinación.

La iniciativa está integrada por ocho apartados principales, entre los que destacan el reconocimiento jurídico de las comunidades, el fortalecimiento de la autonomía indígena, la protección de los derechos del pueblo afromexicano, acciones específicas para mujeres, niñas, niños y jóvenes, así como mecanismos de inclusión para personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad.

Además, incorpora un capítulo dedicado a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, con el objetivo de establecer procedimientos claros para la participación de los pueblos en decisiones administrativas y legislativas que puedan afectar sus derechos.

El proyecto también contempla reglas de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos, así como disposiciones relacionadas con responsabilidades, sanciones y mecanismos de protección jurídica mediante el juicio de amparo.

Como parte del proceso de consulta, el contenido de la ley será traducido a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, con el apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el propósito de asegurar el acceso a la información para todas las comunidades participantes.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que la consulta se desarrollará en cinco etapas. La primera corresponde a la publicación de la convocatoria; posteriormente, hasta el 6 de agosto, se difundirá el contenido de la iniciativa entre las comunidades.

Entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre se realizarán deliberaciones comunitarias mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo. Posteriormente, del 21 de septiembre al 11 de octubre, se integrarán las observaciones y ajustes finales para presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre.

Con este proceso, el Gobierno de México busca construir una legislación con la participación directa de los pueblos indígenas y afromexicanos, fortaleciendo el reconocimiento de sus derechos y su participación en las decisiones nacionales.

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