Luisa María Alcalde culpa a oposición por inducción del voto en elección judicial, pero omite señalamientos contra Morena

Ciudad de México, a 26 de junio del 2025.- En medio de más de 300 impugnaciones por la reciente elección al Poder Judicial, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, responsabilizó a gobiernos estatales de oposición por prácticas de inducción al voto, aunque evitó referirse a los señalamientos contra su propio partido por acciones similares.

Durante una conferencia, Alcalde acusó directamente al Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano, de repartir «acordeones» con nombres e imágenes de candidatos, presuntamente para guiar el voto. “Aquí está una entidad federativa gobernada por Movimiento Ciudadano donde se mostró que estaban repartiendo este tipo de acordeones desde el Gobierno estatal”, afirmó, mostrando uno de los impresos que vinculó con el mandatario neoleonés.

Sin embargo, la líder morenista no se pronunció sobre las denuncias que también involucran a miembros de su partido, quienes habrían distribuido materiales similares en distintos estados, coincidiendo con triunfos de perfiles afines a la autollamada Cuarta Transformación.

En su intervención, también criticó que en Durango, entidad gobernada por el PRI, se presentaron candidatos únicos para los 47 cargos en disputa durante la elección judicial, lo cual, dijo, impidió un proceso democrático real. “Este es el priismo, y esta es la hipocresía. Hablan de falta de democracia, pero no permitieron a la gente elegir entre alternativas”, declaró.

Asimismo, cuestionó que en Coahuila, también gobernado por el PRI, se haya optado por planillas en lugar de candidaturas individuales, lo cual —afirmó— contraviene principios constitucionales. No obstante, omitió mencionar que en Quintana Roo, donde gobierna Morena, se replicó el mismo modelo.

En esa entidad, las tres planillas para integrar el Tribunal Superior de Justicia —propuestas por el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo— compartían a ocho de los nueve aspirantes, lo que dejó virtualmente definidas las posiciones antes de que se realizara la votación.

Las impugnaciones en curso han encendido el debate sobre la legitimidad y transparencia del proceso electoral judicial, mientras diversos sectores acusan a todos los partidos de manipular la elección en su beneficio.