México, bajo presión de la ONU por desapariciones forzadas: el caso podría llegar a la Asamblea General

Ciudad de México, a 17 de abril del 2025.- El Gobierno de México tiene hasta finales de septiembre para evitar que el caso de las desapariciones forzadas llegue a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Comité contra la Desaparición Forzada (CED), integrado por 10 expertos independientes, sesionará del 29 de septiembre al 3 de octubre para analizar la situación en el país y determinar si existen elementos para escalar el tema al máximo órgano de decisión internacional.

Desde el pasado 4 de abril, el CED activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo cual ocurre únicamente cuando se considera que hay un contexto generalizado o sistemático de desapariciones. En palabras del presidente del Comité, Olivier de Frouville, “recibimos informaciones que contienen fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”.

México lidera actualmente las peticiones de acciones urgentes por desaparición ante el CED, con un total de 681 solicitudes, por encima de países como Irak (608), Colombia (233) y Cuba (193), según el último reporte del comité publicado en septiembre de 2024.

Ante esta situación, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) encabezan la negociación con el Comité, intentando mantener una cooperación que evite la exposición internacional. En abril, el gobierno mexicano expresó su disposición a colaborar y proporcionar información sobre las acciones y programas implementados para combatir las desapariciones.

No obstante, la respuesta oficial ha estado marcada por el rechazo a las acusaciones. La Segob afirmó que el Estado mexicano “no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, también desestimó los señalamientos: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado, eso no existe”.

Este posicionamiento fue respaldado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que calificó de “descontextualizada” la postura del CED y sostuvo que la desaparición forzada no constituye una política gubernamental.

A pesar de esta postura, organizaciones como Amnistía Internacional y especialistas en derechos humanos advierten que el enfoque defensivo del gobierno mexicano podría resultar contraproducente. Michael Chamberlin, activista y exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, señaló que el Comité no busca confirmar si existe o no una situación sistemática, sino evaluar si es necesario llevar el caso a la Asamblea General.

Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, destacó que además del CED, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también elabora informes sobre el fenómeno de las desapariciones en el país. “El Estado no solo deberá rendir cuentas sobre lo que hace para evitar que sus agentes desaparezcan personas, sino también sobre las acciones para agilizar la búsqueda de las víctimas”, puntualizó.

Olivares subrayó que el problema va más allá del posicionamiento internacional. “El tema no es lo que opinen los organismos, sino cómo se sienten las víctimas, que siguen enfrentando una realidad dolorosa en un país con más de 127 mil personas desaparecidas”.

El Comité elaborará en los próximos meses un cuestionario para conocer a fondo las medidas adoptadas por México. La respuesta del gobierno será clave para determinar si el caso se presenta ante la Asamblea General de la ONU, lo que representaría un duro golpe para la imagen internacional del país en materia de derechos humanos.