Ciudad de México, a 07 de enero del 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) implementó de inmediato la prisión preventiva oficiosa tras la entrada en vigor de la reforma constitucional el pasado 1 de enero. En los primeros días de 2025, la FGR reportó encarcelamientos automáticos de presuntos responsables de delitos graves como secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas, sin necesidad de pruebas adicionales para justificar su detención.
Reforma y ejecución inmediata
La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre, establece que los jueces deben aplicar la prisión preventiva oficiosa de manera literal, sin interpretaciones extensivas ni excepciones. Este cambio sustituye el esquema anterior de prisión preventiva justificada, en el que el Ministerio Público Federal (MPF) debía demostrar riesgos como fuga o peligro para la víctima.
Los primeros casos documentados incluyen a siete personas arrestadas por secuestro, crimen organizado y tráfico de armas. Las detenciones en flagrancia, que anteriormente requerían pruebas para justificar la reclusión, ahora se traducen en encarcelamientos automáticos bajo la nueva norma.
Impacto en el sistema judicial
La reforma también afecta cómo los jueces de control manejan las detenciones. Ahora, tras verificar la legalidad de una detención, deben ordenar la prisión preventiva oficiosa sin evaluar factores de descargo. Delitos como trata de personas, feminicidio, extorsión y robo de hidrocarburos forman parte del catálogo de crímenes que ameritan esta medida.
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, han manifestado preocupaciones sobre el potencial abuso de esta medida. Argumentan que procesar sin juicio previo podría vulnerar derechos fundamentales, especialmente en delitos como el robo a casa habitación o extorsión, donde las evidencias pueden ser subjetivas.


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