Ciudad de México, a 29 de mayo del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció este miércoles que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, actualmente bajo proceso penal por presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa, desvió de manera ilegal 700 mil metros cúbicos de agua del río Conchos para uso personal mediante la construcción sin permisos de una presa, cinco represas y un pozo en su rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza.
El señalamiento se hizo durante una conferencia de prensa, donde Sheinbaum estuvo acompañada por el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, quien informó que la dependencia prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables, por el uso ilegal del recurso hídrico.
La presidenta cuestionó cómo se otorgó en solo 24 horas un amparo a favor del exmandatario para frenar la demolición de las obras ilegales: “¡Cómo una persona consigue un amparo en 24 horas para que se le proteja de un acto ilegal, el robo del agua!”, expresó, en referencia a la jueza federal Madhay Soto Morales, quien también otorgó una suspensión contra la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua para el ciclo escolar 2023-2024.
Morales detalló que el río Conchos es uno de los seis afluentes que México debe compartir con Estados Unidos como parte del Tratado de Aguas de 1944. La presa construida por Duarte —con capacidad de almacenamiento de 700 mil metros cúbicos— se encuentra en la cuenca Bravo-Conchos, actualmente en déficit hídrico.
Aunque Conagua había anunciado que el martes llevaría a cabo la demolición de las presas y represas ilegales y clausuraría tomas de agua superficiales y subterráneas sin títulos de concesión, las acciones fueron parcialmente detenidas tras la notificación informal de una suspensión provisional. Dicha suspensión fue tramitada por supuestos ejidatarios del poblado El Trigueño, quienes alegaron utilizar el agua del rancho como abrevadero para ganado y otras actividades comunitarias.
La dependencia informó que, antes de suspender los trabajos, logró vaciar dos represas, iniciar la demolición de una de ellas, clausurar un pozo principal y remover una compuerta de la presa principal. A pesar del freno judicial, señaló que no ha recibido ninguna notificación formal sobre la suspensión por parte de la autoridad jurisdiccional.
Morales subrayó que los trabajos de retención de agua se hicieron sin permisos ni concesiones legales y que este caso no es aislado: de más de 2 mil verificaciones realizadas por Conagua, más de 250 han concluido en clausuras. También advirtió que se revisa si otros exmandatarios incurrieron en acaparamientos similares.
Por su parte, Juan Carlos Mendoza, abogado de Duarte, calificó la intervención de Conagua como ilegal y exigió que se respete la propiedad del exgobernador. Afirmó que el amparo otorgado establece una audiencia incidental el próximo 3 de junio y prohíbe cualquier acción que impida el uso del agua a ejidatarios locales hasta nuevo aviso.
Mientras el caso avanza en tribunales, el gobierno federal mantiene firme su postura de que se trata de un acto de acaparamiento de recursos públicos para fines personales, cometido bajo el amparo del poder político.