Ciudad de México, a 24 de abril del 2025.- El Senado de la República y la Cámara de Diputados se preparan para impugnar a una serie de candidatos a cargos del Poder Judicial, al considerar que no cumplen con el requisito constitucional de probidad. De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, existen al menos una veintena de perfiles que podrían estar vinculados con actividades ilícitas, como el narcotráfico.
Fernández Noroña anunció que será la próxima semana cuando presenten ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación formal. “Nosotros sí vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas como no idóneas. No es un asunto de capricho ni de veto”, declaró.
Aunque se negó a revelar los nombres de los aspirantes señalados, explicó que el Senado ya cuenta con las pruebas necesarias y que será el Tribunal Electoral quien determine si procede eliminar las candidaturas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que también se sumará a esta acción jurídica. “Estoy esperando que, cuando tengan esa relación [de nombres], la puedan compartir con nosotros para hacer nuestra propia evaluación y presentar nuestro recurso”, comentó.
Ambos legisladores coincidieron en que es preferible actuar antes de la elección judicial del próximo 1 de junio. “¿Para qué nos esperamos, si ya sabemos que hay personas no idóneas? Retirémoslas y quitamos ese debate, esa descalificación o esa legítima preocupación”, subrayó Fernández Noroña.
Sobre el trabajo del Comité de Evaluación de candidatos, el senador morenista lo defendió y rechazó que se le deba sancionar por no haber identificado a los perfiles cuestionables. “Fue un proceso inédito, sin estructura, y realizado de manera honorífica. Hay que reconocer el esfuerzo antes de señalar errores”, afirmó.
Por su parte, el diputado Gutiérrez Luna señaló que la convocatoria fue abierta, lo que permitió la inscripción de muchos aspirantes, y consideró que esta situación no debe ser vista como un problema, sino como un desafío a resolver con responsabilidad institucional.