Sheinbaum envía al Congreso iniciativa de Ley General contra el feminicidio para homologar sanciones y garantizar cero impunidad

La propuesta plantea unificar el delito de feminicidio en todo el país, establecer penas de 50 a 70 años de prisión, fortalecer las investigaciones con perspectiva de género y ampliar los derechos de las víctimas y sus familias.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país los criterios para investigar este crimen, fortalecer la atención a las víctimas y combatir la impunidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la propuesta busca garantizar que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos estándares, evitando que estos casos sean clasificados de manera incorrecta y fortaleciendo la persecución penal de los responsables.

Sheinbaum destacó que la estrategia para erradicar este delito contempla acciones de prevención, educación, igualdad entre mujeres y hombres, combate a la discriminación y aplicación efectiva de la justicia. Asimismo, reiteró que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es avanzar hacia un escenario de cero impunidad.

La presidenta también recordó que durante su administración se impulsó el reconocimiento constitucional de derechos como la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la reducción de la brecha salarial. Agregó que, aunque el delito de feminicidio registra una disminución del 36 % respecto a 2021, la meta es erradicar por completo este tipo de violencia.

Homologarán el delito de feminicidio en todo el país

La iniciativa establece una definición única del delito de feminicidio, señalando que será considerado como tal cuando una persona prive de la vida a una mujer por razones de género.

Además, incorpora diez circunstancias que permitirán acreditar dichas razones, entre ellas antecedentes de violencia contra la víctima, violencia sexual, prejuicios o estereotipos de género y relaciones de poder desiguales.

El proyecto también propone una pena de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que podrían incrementar la sanción hasta en una mitad. Entre ellas se encuentran casos en los que la víctima esté embarazada, tenga alguna discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos, persona migrante o cuando el responsable sea un servidor público. También contempla agravantes en casos donde existan ataques con ácido u otras sustancias corrosivas o inflamables.

La propuesta establece que las personas sentenciadas perderán derechos como la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia, además de derechos sucesorios y la posibilidad de desempeñar cargos públicos. Asimismo, el delito será imprescriptible, al igual que las sanciones y la reparación del daño, por lo que no podrán aplicarse beneficios como amnistías, conmutaciones de pena o libertad condicionada.

Investigación con perspectiva de género y atención integral

La iniciativa plantea que las Fiscalías Especializadas mantengan la conducción de las investigaciones desde el inicio del procedimiento hasta la ejecución de las sanciones, con el propósito de garantizar la continuidad procesal, la debida diligencia y la protección de los derechos de las víctimas.

También establece que todas las investigaciones deberán realizarse con perspectiva de género, análisis del contexto de violencia, preservación adecuada de pruebas y coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

En materia de atención a víctimas, la propuesta reconoce el derecho a recibir asistencia médica, psicológica y jurídica especializada, así como medidas de protección para niñas, niños y adolescentes que queden en condición de orfandad por feminicidio. Además, contempla la restitución digna de los cuerpos, servicios de traducción e interpretación y el acceso a la verdad y la justicia.

Políticas públicas para prevenir la violencia feminicida

La iniciativa también propone fortalecer las políticas públicas mediante la creación de campañas permanentes de prevención, grupos técnicos especializados y el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.

De igual forma, plantea actualizar los registros nacionales sobre feminicidios, implementar planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes y reforzar la coordinación entre la Federación y las entidades federativas para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida.

Como parte de las acciones de apoyo, el Gobierno de México recordó que actualmente opera una red integrada por mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia para las Mujeres, 99 espacios de refugio, la línea telefónica 079, opción 1, y una red de más de mil 200 abogadas que brindan acompañamiento a mujeres en distintas regiones del país.