Ciudad de México, a 21 de mayo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada participen como candidatos en futuros procesos electorales.
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral y que tendría la función de revisar perfiles de aspirantes postulados por los partidos políticos.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de revisión rumbo al proceso electoral de 2027 y evitar riesgos relacionados con el crimen organizado dentro de las candidaturas de cualquier fuerza política.
Sheinbaum precisó que el mecanismo respetará en todo momento el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución. Además, señaló que la intención es brindar a los partidos información que les permita decidir si registran o no a determinados aspirantes.
De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos podrán entregar de manera voluntaria a la Comisión los nombres de sus aspirantes. Posteriormente, el organismo consultará información con distintas instituciones federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Las dependencias analizarán cada caso y determinarán si “no existe riesgo” o si hay un “riesgo razonable” de vínculos con actividades ilícitas. Con base en esos resultados, los partidos serán responsables de decidir si mantienen o rechazan la candidatura.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la Comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE por un periodo de tres años.
También explicó que, en caso de detectarse información relevante, las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia continuarán con las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales.
La iniciativa establece además que cualquier persona interesada en competir por un cargo de elección popular deberá autorizar al partido político que la postule para ser evaluada por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
El proceso, según la propuesta, se desarrollará bajo criterios de confidencialidad y con carácter reservado para proteger el debido proceso y no afectar investigaciones en curso.
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