Sin reglas claras ni personal suficiente: así comenzará el nuevo Poder Judicial

Ciudad de México, a 07 de julio del 2025.- El nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciará funciones el próximo 1 de septiembre con un panorama incierto, debido a la existencia de vacíos legales en la designación de más de 800 cargos vacantes, lo que podría provocar una parálisis en los procesos judiciales, de acuerdo con juzgadores que dejarán sus puestos en los próximos días.

Serán 869 las vacantes entre jueces, magistrados y personal de distintos niveles, tras una ola de jubilaciones y retiros anticipados ocurridos entre enero de 2024 y mayo de 2025, impulsados por la presentación de la reforma judicial. Tan solo hasta mayo pasado, 205 secretarios en funciones de jueces y magistrados ya habían dejado sus cargos, según datos de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

A esta cifra podrían sumarse las plazas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determine como imposibles de cubrir, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declarara inelegibles a 46 aspirantes por no cumplir con los requisitos necesarios.

A pesar de la magnitud del problema, ni la reforma judicial ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación —reformada en diciembre pasado— especifican con claridad cómo deberán cubrirse estas vacantes. Solo se menciona en el artículo transitorio 29 del artículo 80 que el naciente Órgano de Administración Judicial podrá designar interinos, pero sin reglas claras que regulen ese proceso.

Expertos advierten que esta falta de normatividad podría abrir la puerta a designaciones discrecionales. Laurence Pantin, cocoordinadora del Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey, señaló que este escenario puede propiciar la permanencia condicional de los juzgadores, cuya continuidad en el cargo dependería del tipo de resoluciones que emitan y si cumplen con las expectativas de las autoridades administrativas.

Hasta el 31 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se encarga de suplir las vacantes con secretarios con carrera judicial a través de listas acreditadas. No obstante, dichos encargos concluirán ese mismo día, dejando sin efecto el mecanismo actual.

Otro punto sin resolver es la instalación del Órgano de Administración Judicial, cuya integración está prevista también para el 1 de septiembre, el mismo día en que se instalará el Tribunal de Disciplina Judicial. La Constitución establece que estará conformado por cinco personas: una designada por el Ejecutivo Federal, otra por el Senado y tres por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, advirtió que la falta de anticipación en los nombramientos provocará un retraso inmediato en la administración de justicia, pues dicho órgano también será responsable de adscribir a los 881 juzgadores electos en los órganos jurisdiccionales correspondientes antes del 15 de septiembre.

«En el mejor de los casos, tendremos justicia hasta los últimos días de agosto. Pero en septiembre no vamos a tener justicia. Hay criterios vigentes que señalan que no pueden pasar varios días sin que se celebren audiencias», expresó.

En tribunales colegiados de apelación o de circuito, no es posible sesionar si no hay tres personas juzgadoras; además, en órganos como los tribunales laborales o centros de justicia penal federal, se requiere la presencia completa del personal juzgador para operar.

Joel Ojeda Romo, exjuzgador federal con 32 años de servicio, indicó que su retiro anticipado provocará un rezago inmediato, pues el secretario que lo suplirá no podrá enlistar nuevos casos durante al menos dos semanas, tiempo que se utiliza para notificar a las partes y permitir que manifiesten posibles impedimentos.

«Se otorgan de tres a cinco días para dar vista a las partes en juicio, pero en ese lapso el juzgador no puede avanzar con nuevos asuntos, lo que inevitablemente provoca demoras», explicó.

A medida que se acerca septiembre, crece la preocupación entre juristas y especialistas por el inicio de un nuevo modelo judicial que podría comenzar con una justicia parcial o detenida, sin reglas claras ni personal suficiente para operar con normalidad.