León, Gto., a 12 de junio del 2025.- El 21 de julio de 2022, dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de León, Guanajuato. Horas más tarde, sus cuerpos sin vida fueron localizados envueltos en bolsas de plástico y abandonados junto a un camino de terracería, cerca del arroyo conocido como Camino a las Liebres, en la colonia Soberna Residencial.
Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el hallazgo. Personal de criminalística acordonó el área y llevó a cabo la documentación de la escena. Los cuerpos presentaban visibles signos de violencia y asfixia mecánica. A una de las víctimas le fue mutilada una oreja.
Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde especialistas en medicina legal, genética y lofoscopía realizaron las pruebas correspondientes, incluyendo análisis de ADN y huellas dactilares. Simultáneamente, peritos en informática forense, mediante autorización judicial federal, iniciaron la extracción de información de los teléfonos móviles asegurados.
Gracias al análisis de los datos recabados, se logró establecer un patrón de movimientos que apuntó directamente a la participación de Francisco Emmanuel “N” y Yahaira Monserrat “N”. Cámaras de videovigilancia captaron diversos momentos clave que, junto con entrevistas y diligencias de campo, permitieron reconstruir los hechos.
Con los elementos recabados en la carpeta de investigación —que incluyó pruebas periciales, análisis científicos, testimonios y evidencia gráfica—, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables. Ambos fueron localizados y detenidos por agentes de investigación criminal.
Durante el proceso judicial, los imputados decidieron acogerse al procedimiento abreviado, tras la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía. El tribunal unitario dictó sentencia condenatoria y les impuso una pena de 26 años y 8 meses de prisión: 18 años y 8 meses por homicidio calificado, y 8 años por homicidio simple.
Además, se ordenó el pago por concepto de reparación del daño a favor de las familias de las víctimas, así como los gastos funerarios. A los sentenciados se les suspendieron sus derechos político-electorales y se les negaron los beneficios legales y sustitutivos de la pena de prisión.
El caso concluye con una resolución judicial firme, producto de una investigación científica, legal y multidisciplinaria que permitió hacer justicia para las víctimas y sus familias.
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