El exgobernador de Guerrero fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó este jueves una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, como parte de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, uno de los expedientes más relevantes en materia de derechos humanos en México.
De acuerdo con la información dada a conocer por la autoridad federal, el exmandatario es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, derivados de un supuesto encubrimiento de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa.
Las investigaciones apuntan a que Aguirre Rivero habría participado en acciones para impedir el acceso a pruebas consideradas fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre los elementos bajo investigación se encuentra la presunta desaparición de grabaciones de videovigilancia que podrían haber aportado información sobre el operativo realizado aquella noche.
Tras su captura, el exgobernador fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano», en el Estado de México, donde permanecerá a disposición de un juez federal, quien definirá su situación jurídica durante las próximas horas.
La FGR informó que la detención fue posible luego de incorporar nuevos testimonios y pruebas obtenidas durante 2026, las cuales fortalecieron las líneas de investigación sobre un posible encubrimiento por parte de exfuncionarios involucrados en el caso.
El caso Ayotzinapa continúa siendo una de las investigaciones más emblemáticas del país. A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de quienes participaron tanto en la desaparición como en el presunto ocultamiento de información.
Ángel Aguirre dejó el cargo como gobernador de Guerrero en octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los estudiantes, en medio de una fuerte presión social y política derivada de la crisis provocada por el caso.

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