Comonfort, Gto., a 11 de junio del 2025.- Luis Daniel “N”, señalado como el presunto feminicida de Blanca Esthela Vázquez Tovar, conocida como “Doña Jovita”, fue vinculado a proceso penal por un juez de control y recluido en el penal estatal de Celaya. El crimen, ocurrido la madrugada del 29 de abril de 2025 en el municipio de Comonfort, desató protestas ciudadanas por la falta de respuesta de las autoridades.
La víctima, una panadera de 59 años y persona con discapacidad intelectual leve, fue atacada por el ahora imputado, quien irrumpió en su domicilio-negocio ubicado en la calle Ignacio Allende, donde también lesionó a otras dos personas con un machete.
Ante el ataque, Blanca Esthela realizó al menos dos llamadas al sistema de emergencias 911, pero al no obtener respuesta decidió salir en busca de ayuda. Recorrió más de 300 metros pidiendo auxilio, pasando por las instalaciones de la Presidencia Municipal y los separos de la Policía, sin que algún funcionario le abriera las puertas o respondiera al llamado.
Luis Daniel la persiguió hasta una farmacia cercana, donde la agredió con el machete y una piedra, causándole la muerte. Durante el ataque también fue asesinado su perro, “El Güero”, quien intentó defenderla.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que además del delito de feminicidio, el sujeto enfrenta cargos por tentativa de homicidio calificado y tentativa de homicidio en contra de un agente de Tránsito, quien también fue herido durante el incidente.
Este caso generó indignación entre comerciantes y ciudadanos, quienes realizaron manifestaciones en la zona centro de Comonfort y frente a la Presidencia Municipal. Los inconformes responsabilizaron al gobierno encabezado por el alcalde morenista Gilberto Zárate Nieves por la omisión institucional y la falta de reacción ante los llamados de auxilio.
A pesar de la presión social, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato no ha hecho público el inicio de una queja de oficio por posibles violaciones a derechos humanos.
La vinculación a proceso fue confirmada por la Fiscalía el 5 de mayo, determinándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras continúa la investigación complementaria.
El caso de “Doña Jovita” ha trascendido por evidenciar la falta de protocolos efectivos para proteger a víctimas en situaciones de emergencia y la omisión de deberes por parte de servidores públicos, lo que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad institucional en feminicidios.
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