Vinculan a proceso a ex empleada del ISSEG por presunto ejercicio ilícito del servicio público en Guanajuato

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción señala que la ex trabajadora habría realizado retiros no autorizados de cuentas de ahorro voluntario mediante el uso indebido de sistemas informáticos y dispositivos biométricos del ISSEG

Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó que una ex empleada del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, como resultado de una investigación derivada de una denuncia presentada por la propia institución.

La indagatoria comenzó luego de que un derechohabiente reportó un retiro no reconocido en su cuenta de ahorro voluntario y solicitó la revisión del movimiento. Tras la denuncia presentada por la representación legal del ISSEG, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las diligencias permitieron establecer que la entonces empleada de mostrador presuntamente hizo un uso indebido de los sistemas informáticos y del lector biométrico de huellas digitales del instituto para realizar disposiciones de recursos sin la autorización de los titulares de las cuentas.

Como parte de la investigación, la Fiscalía analizó videograbaciones y revisó diversas operaciones realizadas por la imputada. Estos trabajos permitieron identificar otros movimientos con características similares, los cuales, según la carpeta de investigación, representaron un monto superior a 90 mil pesos.

Durante la audiencia, un Juez de Control determinó vincular a proceso a Miroslava “N”, al considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su probable participación en hechos que afectaron el adecuado funcionamiento de la administración pública del ISSEG mediante el presunto uso indebido de información y sistemas institucionales.

En la misma diligencia, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, medida que fue autorizada por un periodo de seis meses. Entre las condiciones impuestas se encuentra la obligación de acudir a firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

Respecto al daño patrimonial, la Fiscalía también investigó los hechos bajo el delito de robo calificado cometido por empleado, al señalar que los recursos involucrados eran administrados por el ISSEG, institución que reintegró las cantidades afectadas a las cuentas de los derechohabientes.

Al tratarse de un delito patrimonial susceptible de mecanismos alternativos de solución de controversias, el juez ordenó canalizar el caso al área de mediación en sede ministerial. En ese procedimiento, las partes alcanzaron un acuerdo reparatorio para resarcir el perjuicio económico ocasionado.