Durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó su rechazo a la despenalización del aborto, señalando que dicha medida afecta directamente la vida de los seres humanos en gestación. La legisladora enfatizó que su labor parlamentaria estará siempre enfocada en proteger la vida y garantizar el respeto a la dignidad humana.

“Nunca levantaré la mano a favor de la muerte, del daño o de la falsedad en el desarrollo del ser humano”, aseguró Bermúdez Cano. Subrayó que el trabajo legislativo debe centrarse en fortalecer la educación sexual, prevenir delitos sexuales y proteger a la niñez, en lugar de fomentar lo que calificó como una cultura de descarte. Además, advirtió sobre agendas externas que intentan normalizar el aborto como un símbolo de progreso, dejando a las mujeres sin protección real.

Por su parte, la diputada Noemí Márquez Márquez reafirmó que los principios del PAN continúan vigentes: creer en la vida, la dignidad de la persona y el acompañamiento integral a las mujeres. Destacó que la agenda legislativa del partido seguirá enfocada en proteger a la infancia, mediante registros públicos de agresores, sanciones más severas para quienes atenten contra niñas y niños, y acciones que fortalezcan la protección a la maternidad.

Márquez Márquez concluyó que la verdadera justicia social radica en abrir oportunidades y ofrecer alternativas, no en imponer decisiones: “Defender la vida es brindar a cada mujer herramientas reales para enfrentar su situación con dignidad, sin miedo ni abandono”.

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La definición fue expresada durante la sesión ordinaria del Congreso local, en la que se discutieron y votaron dictámenes relacionados con la eliminación de la protección de la vida desde la concepción, la autonomía reproductiva y la despenalización del aborto.

Desde tribuna, las diputadas Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano, Marisa Ortiz Mantilla, Yesenia Rojas Cervantes y Ana María Esquivel Arrona, junto con los diputados Rolando Alcántar Rojas, Aldo Márquez y Juan Carlos Romero Hicks, sostuvieron que la defensa de la vida es compatible con la protección de los derechos de las mujeres. Afirmaron que este enfoque obliga al Estado a fortalecer servicios integrales de salud, sin criminalizar ni estigmatizar.

Los legisladores enfatizaron que ambas protecciones pueden coexistir en un estado que busca garantizar la dignidad humana. Agregaron que la postura se mantiene con la convicción de que todas las personas merecen ser escuchadas y acompañadas.

En tribuna, se recordó que Acción Nacional ha sostenido históricamente la defensa de la vida como uno de sus principios fundamentales. Subrayaron que promover una “cultura de la vida” implica colocar la dignidad de cada persona en el centro de las decisiones públicas.

PAN destaca libertad de conciencia y pluralidad interna

En la discusión de las reformas relacionadas con el matrimonio y los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), el diputado Jorge Espadas Galván, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que el partido mantiene su compromiso con la libertad de conciencia, la pluralidad y el respeto a las decisiones individuales de cada legisladora y legislador.

Señaló que, como ocurre en los temas de alta relevancia, se llevó a cabo un proceso interno de diálogo, en el que cada integrante pudo emitir su voto conforme a su criterio. Destacó que el PAN es un partido plural, donde las diferencias se reconocen como parte de una cultura democrática basada en el respeto.

Espadas Galván subrayó que todas las decisiones deben ser respetadas: “Cada voto, en el sentido que sea, debe ser reconocido, porque implica responsabilidad y una visión fundamentada en la dignidad de la persona humana y la familia”.

Por su parte, las diputadas Susana Bermúdez Cano y Jared González Márquez precisaron que su voto en contra de las modificaciones propuestas no responde a creencias personales, sino a un análisis técnico del concepto de matrimonio como institución jurídica. Afirmaron que su postura busca preservar el sentido original de la figura legal, sin negar derechos a otros sectores de la población.

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La sesión estuvo marcada por tensiones dentro del Congreso local. La diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, cambió su postura para alinearse con la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), decisión que provocó la molestia de legisladoras de Morena, quienes abandonaron el pleno al grito de “¡traicionera, no eres compañera!”.

Fuera del recinto legislativo, el debate también se vivió intensamente entre colectivos feministas y grupos conservadores. Mientras las primeras exigían el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, los segundos defendían la postura provida. Ambos grupos se manifestaron durante la sesión con pancartas y consignas encontradas.

Actualmente, Guanajuato es uno de los estados más restrictivos del país en materia de derechos sexuales y reproductivos. A pesar del criterio de la SCJN, que establece que ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar, las leyes locales siguen sin armonizarse con el mandato federal. De hecho, el estado ha registrado más investigaciones por aborto que por feminicidio, lo que ha generado fuertes críticas desde organizaciones civiles y activistas.

La ministra de la SCJN, Lenia Batres, calificó como preocupante la negativa del Congreso guanajuatense y recordó que el fallo de la Corte debe ser acatado por todos los poderes legislativos del país. “No es un tema político, es un criterio jurídico que está firme en todo México”, declaró.

Por su parte, la senadora Malú Micher advirtió que el Congreso de Guanajuato se encuentra en desacato al no cumplir con la sentencia emitida por la SCJN. Señaló que esta omisión podría tener consecuencias legales para los legisladores locales, incluida la imposición de multas por incumplimiento.

Aunque la iniciativa fue rechazada en esta ocasión, sigue pendiente un amparo promovido por organizaciones feministas ante la SCJN. Este recurso legal podría obligar al Congreso estatal a legislar a favor de la despenalización, como ha ocurrido en otras entidades del país.

La decisión del Congreso guanajuatense refleja una profunda resistencia política y cultural frente a los cambios legales que han avanzado en otros estados. La discusión sobre el aborto en Guanajuato continúa abierta y bajo el escrutinio público, legal y mediático.

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Ante una pregunta directa de los medios de comunicación, el alcalde señaló que, aunque personalmente está a favor de la vida, también considera que las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su cuerpo sin ser juzgadas ni perseguidas legalmente.

“El aborto es una situación muy personal. Son las mujeres quienes deben tener el derecho a decidir, sin temor a ser criminalizadas o juzgadas. Estoy a favor de la vida, pero también del respeto a sus derechos y libertades”, afirmó Sámano Jiménez.

El edil puntualizó que no está a favor de la legalización en términos generales, pero sí de la despenalización, ya que considera que la decisión sobre continuar o no con un embarazo debe recaer exclusivamente en las mujeres, sin la intervención del sistema penal.

Sámano Jiménez también subrayó que Guanajuato es uno de los pocos estados del país donde el aborto sigue siendo un delito, por lo que hizo un llamado a las y los legisladores locales a revisar el tema con responsabilidad y sensibilidad.

“Invito a los diputados y diputadas a analizar este tema a fondo, priorizando los derechos humanos y la libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad”, agregó.

Las declaraciones del alcalde surgen en un contexto nacional donde diversos estados han avanzado hacia la despenalización y legalización del aborto, impulsando una agenda de derechos reproductivos con enfoque en la salud, la libertad y la no criminalización.

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El dictamen, promovido por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, proponía reformar el Código Penal estatal para garantizar el acceso legal y seguro a la interrupción voluntaria del embarazo, así como impulsar políticas públicas de educación sexual integral y servicios de salud reproductiva.

Durante la sesión, que inició alrededor de las 10:00 de la mañana, las afueras del Congreso se convirtieron en punto de encuentro de manifestantes a favor y en contra de la iniciativa. Organizaciones feministas, colectivos pro derechos humanos y grupos conservadores se manifestaron pacíficamente, aunque con tensiones evidentes.

El resultado de la votación fue un empate técnico, lo cual impidió que la reforma avanzara. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y aliados de otras fuerzas políticas expresaron su rechazo, argumentando la defensa de la vida desde la concepción como base ética de su decisión.

Por su parte, legisladoras a favor de la iniciativa señalaron que la negativa del Congreso representa una omisión grave, considerando los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inconstitucional penalizar totalmente el aborto y ha instado a los estados a armonizar sus leyes en la materia.

La ministra de la SCJN, Lenia Batres, criticó públicamente la decisión del Congreso guanajuatense, señalando que se mantiene al margen del avance en derechos humanos que otras entidades federativas ya han reconocido.

Por ahora, la propuesta queda congelada, sin fecha próxima para ser revisada nuevamente. Guanajuato se mantiene como uno de los pocos estados donde la interrupción del embarazo sigue penalizada, pese a los llamados nacionales e internacionales a respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

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El foro contó con la participación de organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DESSER), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, quienes ofrecieron un panorama nacional y estatal sobre la importancia de garantizar este derecho en Guanajuato.

También se sumaron colectivos como REDefine Guanajuato, Movimiento Jóvenes con Rumbo, Verde Aquelarre, Red de Movimientos Feministas de Guanajuato Capital, Centro de Mujeres de las Américas: THINKTHANK y Sororas y Rebeldes SMA, reforzando el debate con diversas perspectivas y experiencias.

La diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, destacó la relevancia del foro como un paso adelante en la legislación local para proteger los derechos sexuales y reproductivos. Durante el evento, se abordaron los argumentos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de la despenalización y se enfatizó que la interrupción legal del embarazo es un asunto de salud pública.

En el encuentro también estuvieron presentes el diputado Rodrigo González Zaragoza (Movimiento Ciudadano), así como los legisladores de MORENA David Martínez Mendizábal, María Eugenia García Oliveros y Edith Moreno Valencia. Asimismo, asistió el presidente de la Comisión de Salud, Antonio Chaurand Sórzano.

Este foro marca un hito en la discusión legislativa en Guanajuato, promoviendo un diálogo abierto sobre la necesidad de reformar el marco legal en torno a los derechos reproductivos en la entidad.

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El Congreso estatal destacó que esta reforma legislativa busca proteger la salud física y mental de las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo. La decisión se alinea con la acción de inconstitucionalidad 148/17 de la SCJN, que estableció una metodología para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a decidir, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.

Además de la despenalización, se modificaron los artículos 157 y 158 del Código Penal estatal para imponer sanciones más severas a quienes obliguen a una mujer a abortar en contra de su voluntad. Las penas aumentaron de cinco a ocho años de prisión, y en casos donde medie violencia física o psicológica, la condena podría extenderse de ocho a diez años. Estas medidas buscan proteger la libre determinación y los derechos reproductivos de las mujeres.

Una Sesión Reservada y Controversial

La sesión en la que se aprobó la despenalización se llevó a cabo de manera reservada, iniciando a las 23 horas y concluyendo una hora después. No fue transmitida por Internet, y no todos los diputados fueron convocados. Maricela Flores Moo, legisladora local morenista, fue una de las excluidas y expresó su descontento en redes sociales.

Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, confirmó que, junto con colectivos feministas, enviaron exhortos al Poder Legislativo para que se acatara el resolutivo de la SCJN. Finalmente, la decisión se concretó en una sesión que ha sido criticada por su falta de transparencia.

Reacciones a Favor y en Contra

Organizaciones feministas celebraron la decisión como un avance significativo en la lucha por los derechos reproductivos. Isabel Rodríguez Casanova, representante de agrupaciones feministas, calificó la medida como «histórica» y destacó que otorga a las mujeres la libertad de decidir sobre sus cuerpos.

Por otro lado, grupos conservadores expresaron su rechazo. Nicté-Ha Aguilera Silva, presidenta de la agrupación católica Más Vida, Más Familia, criticó la forma en que se aprobó la reforma, acusando a los legisladores de actuar «como delincuentes» al sesionar a medianoche y evitar un debate público.

Implicaciones y Futuro

Con esta reforma, Campeche se suma a la lista de estados que han avanzado en la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso ha generado críticas y resalta la polarización que aún existe en torno a este tema.

La despenalización del aborto en Campeche marca un hito en la lucha por la igualdad y la justicia social, pero también subraya la necesidad de fomentar un diálogo abierto y respetuoso sobre un tema tan sensible como este.

Entidades Federativas que han Despenalizado el Aborto

• Ciudad de México
• Oaxaca
• Hidalgo
• Veracruz
• Coahuila
• Baja California
• Colima
• Sinaloa
• Guerrero
• Quintana Roo
• Baja California Sur
• Aguascalientes
• Jalisco
• Puebla
• Michoacán
• San Luis Potosí
• Zacatecas
• Estado de México
• Chiapas
• Nayarit
• Chihuahua
• Campeche

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Ese llamado deriva de un punto de acuerdo de urgente resolución promovido por la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena, en el que expone que la fiscalía queretana solicitó una pena de tres años de cárcel para Esmeralda “N” por abortar espontáneamente luego de haber sido violada por un familiar.

En el documento, la legisladora destacó que la dependencia estatal pidió una indemnización de más de 500 mil pesos al “padre del producto”.

La Cámara de Senadores pidió a la Fiscalía del Estado de Querétaro que, de continuar con las investigaciones, se realicen al amparo de los principios rectores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los tratados internacionales de defensa de los derechos de las mujeres.

Por otra parte, esta soberanía exhortó al Congreso del Estado de Querétaro a que inicie un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal general de la entidad.

También solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, a que hagan las investigaciones pertinentes y procedan a realizar la reparación del daño económico, psicológico, médico y en cada una de las áreas que corresponda.

En tribuna, Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, subrayó que el de Esmeralda “N” es un caso que duele a todos y que refleja la necesidad de hacer más esfuerzos para apoyar a las niñas, niños y adolescentes, por lo que “exigimos que la Fiscalía del Estado de Querétaro actúe con celeridad, considerando perspectiva de género, de edad y de condiciones de vulnerabilidad”, sostuvo.

De Morena, la senadora Martha Lucía Micher Camarena calificó como “una vergüenza” el hecho y exigió la destitución del fiscal de la entidad. Acusó, además, que las fiscalías locales no están preparadas ni conocen los protocolos para juzgar con perspectiva de género; “dicen que saben, pero no saben que no saben”, lamentó.

María Guadalupe Murguía Gutiérrez, de Acción Nacional, pidió a la fiscalía ponerse del lado de la niña y que sea preponderante su interés superior, además de resolver con visión de género el caso. Además, propuso tomar en cuenta éste y los otros casos que también se dan en diversas partes del país para poder prevenirlos.

Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, lamentó que esta situación se pudo haber evitado, sin embargo, se tiene la “costumbre” y la “cultura”, de no hablar de los problemas sexuales. “No nos gusta hablar de la reproducción de nuestra especie, nos avergüenza hablar de sexualidad humana”, añadió.

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