Gertz Manero presentó su carta de renuncia señalando que la solicitud se derivaba de una propuesta del Poder Ejecutivo para asumir un cargo diplomático como embajador de México en un país extranjero. La decisión generó debate entre los legisladores, particularmente de la oposición, quienes cuestionaron que la situación constituyera una causa grave según la ley, señalando un posible vacío institucional.

La salida del titular de la FGR ocurre en un contexto de tensión histórica con su dependencia, marcada por críticas sobre su desempeño y decisiones polémicas. Durante su gestión, Gertz Manero enfrentó cuestionamientos por presunta parcialidad y centralización del poder en la Fiscalía, siendo el primer fiscal general autónomo desde la reforma de 2019.

Con su renuncia aprobada, el Senado iniciará el proceso de selección de un nuevo fiscal. Entre los posibles candidatos se mencionan nombres como Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, aunque hasta el momento no se han confirmado postulaciones oficiales. Se espera que el relevo en la FGR enfrente retos clave, como impunidad, corrupción y coordinación con fiscalías locales, en un contexto donde la ciudadanía demanda resultados concretos en materia de justicia.

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El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por Omar García Harfuch, titular de la SSPC; el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Las detenciones derivan de una investigación iniciada tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, ocurrido en marzo de este año. De acuerdo con García Harfuch, se identificó una estructura criminal que operaba mediante documentación falsa, con participación de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

Los operativos se desplegaron en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas. Todos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colaboró en el rastreo de movimientos financieros irregulares, adquisición de bienes de lujo y contratación de seguros, incongruentes con el perfil económico de los implicados. Como parte de las acciones, se incluyó a 20 personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas.

El almirante Morales reiteró que en la Marina no hay espacio para la impunidad y destacó los mecanismos internos para sancionar malas prácticas. Por su parte, Gertz Manero recordó que la denuncia inicial fue presentada hace dos años por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, lo que permitió iniciar las investigaciones que hoy derivan en acciones legales.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de cero tolerancia a la corrupción y a cualquier actividad que ponga en riesgo el desarrollo nacional.

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Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el fiscal indicó que el predio fue utilizado como centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero descartó que funcionara como sitio de incineración masiva.

“¿Había un sitio de cremación? No hay una sola prueba que lo acredite. Lo que se encontró fueron zanjas, agujeros donde se hicieron fogatas y una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos con una antigüedad importante”, explicó Gertz Manero. Añadió que, según los expertos de la UNAM, en el sitio no se alcanzaron temperaturas superiores a los 200 grados Celsius, muy por debajo de los 800 requeridos para la cremación.

El fiscal también precisó que no se localizaron cadáveres ni osamentas completas, salvo un cuerpo encontrado por la Guardia Nacional en septiembre de 2024.

En el mismo mensaje, Gertz Manero informó sobre otros inmuebles utilizados por el CJNG en Jalisco, como el rancho La Vega, asegurado recientemente por la FGR, donde —dijo— existe una “vinculación evidente” con actividades criminales.

Además, señaló omisiones por parte de las autoridades estatales, al recordar que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco alertó sobre la situación desde 2021. No obstante, negó que exista una investigación contra el exgobernador Enrique Alfaro.

Respecto a las prendas localizadas en el rancho Izaguirre, indicó que serán analizadas con el apoyo de madres buscadoras para tratar de identificar a posibles víctimas.

Sin embargo, los colectivos de madres buscadoras de Jalisco rechazaron de inmediato la versión oficial. En un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciaron que Gertz Manero “no ha puesto un pie en el inmueble” y las desacredita al llamarlas “mentirosas”.

“Le están mintiendo, presidenta. El fiscal está acusando a todas las buscadoras de mentirosas y no ha estado en el rancho. Hemos trabajado estrechamente con la fiscal Sara Herrerías, quien conoce la verdad y la evidencia que hemos presentado”, señalaron.

Las buscadoras advirtieron que el fiscal pretende alejar a la mandataria de los colectivos “justo ahora que comenzábamos a caminar juntas”, y pidieron que se escuche su testimonio y se valoren las pruebas recabadas en campo.

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La intervención federal se dio a raíz de la aprehensión de José Gregorio “N”, alias El Lastra, quien fue consignado ante un juez por delitos relacionados con delincuencia organizada. A partir de este hecho, el caso pasó a ser de competencia federal, y se abrió una nueva carpeta de investigación.

Gertz Manero subrayó que la fiscalía de Jalisco está obligada a entregar todas las pruebas recabadas hasta el momento, incluyendo bienes, documentos, prendas y elementos óseos hallados en el lugar. “Esto se debe llevar con exactitud procesal absoluta. Nos tienen que dar cuenta, y lo están haciendo, de todas las acciones e intervenciones que hayan realizado”, indicó.

Asimismo, responsabilizó a la fiscalía estatal por el desorden registrado el viernes pasado, durante un recorrido en el rancho con medios de comunicación y colectivos de víctimas, que —dijo— se realizó sin notificación previa y con poca anticipación.

Sobre la posible citación al ex gobernador Enrique Alfaro, el fiscal Gertz comentó: “No se me adelante. Primero estamos tomando posesión. Vamos a ver qué encontramos, a darlo a conocer, a transparentar todo lo que ha ocurrido”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que hasta el momento no existen indicios de que el rancho Izaguirre haya sido un campo de exterminio. “Es una cosa totalmente distinta que en un inmueble se haya cometido algún tipo de homicidio o tortura, a que sea un campo de exterminio”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el tema, destacando que su administración no permite montajes ni pactos de silencio. “Hoy las cosas están en manos de las fiscalías, porque no se trata de un asunto político, sino de justicia. Si hay delito, tiene que perseguirse”, puntualizó.

El fiscal general concluyó que la detención de ‘El Lastra’ ha sido clave para el inicio de esta investigación. Al momento de su captura se le aseguraron armas de fuego y droga, y confesó ser quien llevaba personas al rancho. El juez dictó auto de formal prisión y lo vinculó a proceso.

Las investigaciones federales continuarán con peritajes y la revisión detallada del inmueble, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido en el rancho Izaguirre y deslindar responsabilidades.

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En un informe reciente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de EE. UU., se reconoce que el 74% de las armas ilegales que entran a México provienen de ese país. Se estima que hasta 200,000 armas cruzan la frontera anualmente. Gertz subrayó que la falta de respuesta ágil del gobierno estadounidense a las solicitudes mexicanas agrava aún más el problema, al encontrarse con obstáculos en los sistemas de control y seguimiento de armas en EE. UU.

“Es toda una especie de conspiración para que pueda penetrar en México esa cantidad de armamento”, comentó el fiscal, enfatizando lo grave que es la situación para la seguridad del país. Recordó que la fabricación de armamento es un proceso industrial bien documentado, lo que hace aún más evidente la negligencia en el control de este comercio ilícito.

Relevancia del informe y posición de Sheinbaum

El informe de la ATF, según Gertz, ratifica la gravedad del impacto del armamento de alto calibre en México, especialmente en grupos criminales que operan con armas de calibres como el .50, lo que les otorga una capacidad de fuego sin precedentes.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum respaldó la relevancia del reporte, que subraya el problema del tráfico de armas y la amenaza que representa para la seguridad nacional. En este sentido, destacó que este informe servirá como sustento en las negociaciones con el futuro presidente de EE. UU., Donald Trump, especialmente en cuanto a la entrada de armas al país.

Investigación sobre Genaro García Luna y operativo “Rápido y Furioso”

En otro tema, Gertz Manero reafirmó que la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y solicitó la extradición de este para que enfrente cargos por delitos cometidos en México. También mencionó que las investigaciones incluyen la posible responsabilidad de Estados Unidos en el caso del operativo “Rápido y Furioso”, llevado a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón, el cual permitió el tráfico ilegal de armas hacia México.

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La presidenta resaltó que el Gabinete de Seguridad debe ser más que una mera presentación de informes, y debe convertirse en un espacio para trazar estrategias y coordinar esfuerzos. Subrayó que el éxito de la lucha contra la inseguridad depende de la colaboración entre los tres niveles de gobierno, superando barreras políticas y garantizando que los delitos graves sean sancionados.

Una de las prioridades del Gobierno de México será atender las causas de la violencia. Para 2025, se destinarán más de 800 mil millones de pesos en programas sociales. Además, se implementará la Estrategia de Construcción de la Paz, que incluye brigadas para atender a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en las zonas más violentas, y el proyecto de los Senderos de Paz, que mejorará la iluminación y los espacios públicos en las áreas más afectadas.

Sheinbaum también mencionó la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, reconociendo los avances en algunos estados que han mejorado las condiciones laborales de los cuerpos policiacos, lo que ha contribuido a reducir la corrupción.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la Estrategia de Construcción de la Paz ya se ha implementado en municipios como León y Celaya, en Guanajuato, y en otros estados como Chiapas, Guerrero y Baja California. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que, entre octubre y diciembre, se lograron importantes detenciones y aseguramientos de drogas y armas en todo el país.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció el esfuerzo del gobierno para unificar a las instituciones federales en la lucha contra el crimen organizado, mientras que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, subrayó el respaldo unánime de los gobernadores a la política de seguridad implementada por la presidenta Sheinbaum.

La sesión también contó con la presencia de autoridades de seguridad, como los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina, así como de representantes de la sociedad civil y organismos de derechos humanos.

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“El delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron”, dijo.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de Sheinbaum, el Fiscal, indicó que el Gobierno Mexicano expuso el porqué la detención es vista por parte del Gobierno mexicano como un secuestro:

“Esa persona fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos, la entrada de cualquier avión y cualquier persona están reglamentadas con la Ley Norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en esta caso es el avión”, señaló.

Asimismo, el funcionario acotó que la matrícula del avión, donde viajaba Ismael “El Mayo” Zambada, estaban clonadas, a la vez cuestionó que no se haya detenido al piloto de la aeronave.

“Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto, porque ningún piloto, ningún avión, puede entrar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos, estos requisitos son obligatorios para todos, es lo que estamos pidiendo”, mencionó.

En tanto, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que esta información irá saliendo durante las audiencias.

“Que nos den todos esos datos, son útiles, pero no son fundamentales, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información”, concluyó.

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