Zacatecas, Zac.- En la ciudad de Zacatecas se llevaron a cabo las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un espacio orientado a robustecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de la investigación, localización e identificación en el país.

El encuentro fue encabezado por el bloque “Construyendo una Ruta Común”, con la participación del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila; la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla. Todos coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional para atender con mayor eficacia el fenómeno de la desaparición de personas en México.

En representación de Guanajuato, participó el fiscal general del estado, quien expuso los avances de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en materia de búsqueda de personas desaparecidas, destacando el desarrollo de modelos de coordinación, investigación especializada y fortalecimiento forense.

Durante su intervención, se informó que la entidad mantiene una efectividad histórica del 87% en localización de personas, además de dar seguimiento a más de 5 mil casos activos con carpeta de investigación. También se destacó la desactivación del 95% de Alertas AMBER y el 90% de fichas del Protocolo Alba, lo que refleja avances en la atención diferenciada a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

El modelo de investigación incluye una Unidad de Análisis de Contexto basada en inteligencia criminal, así como acompañamiento psicosocial a familias. Asimismo, las células de búsqueda han logrado la restitución digna de 175 personas fallecidas no reclamadas a sus familias en distintas entidades del país.

En el ámbito tecnológico, se presentó el programa “Rostros que no se olvidan”, con el desarrollo de 241 hipótesis de progresión de edad mediante herramientas de inteligencia artificial. También se informó sobre la Plataforma de Alertamiento Nacional, que en su primer mes generó mil 950 alertas y contribuyó al éxito de 378 casos.

Entre 2020 y 2026, se han identificado 6 mil 833 personas fallecidas sin identidad mediante técnicas de genética, lofoscopía y análisis forense. Además, se han resuelto 97 casos históricos de identificación que permanecían sin respuesta desde años anteriores, algunos desde 2016.

Como parte de las estrategias humanistas, destaca el programa “Tu ADN Encuentra”, que ha permitido la identificación de 23 personas mediante muestras genéticas tomadas en campo, así como las jornadas “La Búsqueda nos Une”, que acercan servicios forenses a familias de personas desaparecidas.

El encuentro también abrió un espacio para la participación de familias y colectivos, quienes expusieron experiencias, necesidades y propuestas para mejorar los procesos de búsqueda, investigación e identificación, subrayando la importancia del acompañamiento institucional constante.

La participación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato reafirma su compromiso de colaborar en los mecanismos nacionales de coordinación, con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas y avanzar en la localización de personas desaparecidas.

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Tras recibir la denuncia, la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la región D inició acciones inmediatas. El reporte señalaba que la menor fue vista por última vez el 15 de marzo en su lugar de trabajo, ubicado en el centro de San Luis de la Paz.

El análisis de datos de telefonía y geolocalización en tiempo real permitió confirmar su paradero en Aguascalientes. Con la colaboración de autoridades locales y la activación de la Alerta AMBER, agentes lograron establecer comunicación directa con la adolescente para asegurar su ubicación exacta.

Un equipo interdisciplinario, conformado por un agente del Ministerio Público, personal del área psicosocial y agentes de Investigación Criminal, se trasladó al estado vecino para garantizar la integridad física y emocional de la menor.

Tras concluir las diligencias legales y la certificación médica, la adolescente fue trasladada a Guanajuato y reintegrada a su familia. La acción refuerza el compromiso con la búsqueda efectiva de personas desaparecidas y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Tras recibir la denuncia, la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la región D implementó un operativo que permitió seguir en tiempo real la ruta de la menor. En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, se activó de manera conjunta la Alerta AMBER, lo que facilitó su ubicación y protección.

Un equipo interdisciplinario, conformado por un ministerio público, peritos psicosociales y agentes de investigación criminal, se trasladó a Puebla para garantizar la integridad física y emocional de la adolescente. Posteriormente, fue reintegrada a su núcleo familiar tras concluir las diligencias legales correspondientes.

Este caso resalta el compromiso de las autoridades por la protección de niñas, niños y adolescentes, enfatizando la importancia de la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades técnicas para ofrecer una justicia pronta y humanista.

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La persona menor contaba con Alerta Amber activa, y durante la intervención también fue detenido un hombre señalado como presunto responsable de la privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con información oficial, la Secretaría de Seguridad y Paz activó labores de análisis, verificación y coordinación operativa tras recibir una denuncia anónima al número 089, la cual permitió identificar un posible punto de localización.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Ladera Pozo de San Antonio, en la colonia Paseo de la Presa, donde fue localizada la persona menor de 16 años. En el lugar se encontraba acompañada de un hombre, a quien identificó como su presunto agresor.

Durante la acción fue detenido Jorge Alejandro “N”, de 29 años de edad, conocido con los alias de “El Chango” y/o “Jorge”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Guanajuato capital, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La víctima fue canalizada ante la autoridad competente, donde se garantiza su resguardo, atención integral y acompañamiento, conforme a los protocolos de protección para niñas, niños y adolescentes.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que la denuncia ciudadana y la coordinación interinstitucional son factores clave para la localización de personas desaparecidas y la protección de víctimas, especialmente cuando se trata de personas menores de edad.

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Desde su llegada a la agencia del Ministerio Público, la familia recibió atención especializada y fue informada de un punto clave: en una desaparición, la búsqueda comienza de forma inmediata, sin necesidad de esperar horas o días. Miguel fue reconocido como víctima directa, mientras que sus familiares fueron considerados víctimas indirectas, con derecho a información, acompañamiento y apoyo psicológico.

La familia aportó datos esenciales sobre el menor, como su nombre completo, edad, señas particulares, ropa que llevaba al momento de la desaparición y una fotografía reciente. Con esa información, el Ministerio Público activó los protocolos establecidos por la ley.

Por tratarse de un niño, la Alerta Amber se emitió de forma inmediata y su ficha de búsqueda se difundió en todo el estado y entidades vecinas. Paralelamente, agentes de Investigación Criminal realizaron diligencias de campo, revisaron cámaras de seguridad, recabaron testimonios y analizaron indicios para su pronta localización. El área de inteligencia examinó dispositivos electrónicos, mientras que especialistas forenses permanecieron atentos a cualquier posible hallazgo.

Gracias a la denuncia oportuna, a la activación de los mecanismos de búsqueda y a la colaboración ciudadana, Miguel fue localizado y regresó sano y salvo con su familia.

Desde el inicio, la familia recibió acompañamiento psicológico y orientación, además de ser canalizada a la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

La FGEG señala que su prioridad es encontrar a las personas con vida; sin embargo, cuando el tiempo transcurre sin resultados, las investigaciones continúan sin interrupción. La ley establece que las carpetas de desaparición permanecen abiertas sin importar los años que pasen.

Para casos de búsqueda prolongada, se aplican herramientas como la progresión de edad, un método basado en inteligencia artificial que permite generar imágenes aproximadas de cómo podría verse una persona desaparecida con el paso del tiempo. En el caso de niñas, niños y adolescentes, estas proyecciones se actualizan cada tres años, ampliando las posibilidades de localización.

La experiencia de la familia de Miguel refleja el dolor que implica la desaparición de un ser querido, pero también la importancia de denunciar de inmediato. No es necesario esperar 24 ni 72 horas; cada minuto cuenta para incrementar las posibilidades de localizar a la persona.

La Fiscalía de Guanajuato cuenta con personal especializado, laboratorios acreditados y equipos multidisciplinarios en genética, antropología, medicina legal e informática forense para apoyar tanto en la búsqueda en vida como en casos donde pudiera existir otra posibilidad. Todas las acciones se realizan con respeto a la dignidad de las víctimas y en acompañamiento permanente a sus familias.

Quienes enfrenten una situación similar pueden denunciar a través de los siguientes canales:

• Plataformas digitales: ProcuraWeb o ProcurApp
• Teléfono: 800 368 6242 (800-DNUNCIA)
• WhatsApp: 473 172 4444
• De manera presencial: en cualquier Agencia del Ministerio Público de los 46 municipios del estado
• De forma anónima, conforme a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato

Cada minuto es determinante en la búsqueda de una persona desaparecida.

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De acuerdo con autoridades locales, el hecho estaría relacionado con un conflicto familiar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que se activó de inmediato la Alerta Amber para localizar a los niños: Einar Kelem Lanuza, de 3 años, y Briana Donají Lanuza, de 5 años.

Testigos señalaron que los agresores, que viajaban en una camioneta negra, sometieron al padre de los menores, quien se encontraba atendiendo la lavandería, y sustrajeron a los niños. Uno de los implicados habría sido identificado como familiar de la madre de los menores, según declaraciones de las autoridades.

Las descripciones de los menores son:

• Briana Donají Lanuza: niña de 5 años, complexión delgada, cabello negro lacio, vestía chaleco rosa con gorro, pants rojo y sandalias crema.
• Einar Kelem Lanuza: niño de 3 años, complexión delgada, cabello castaño lacio, vestía sudadera azul con manchas moradas, chaleco azul rey, pants rojo y sandalias azules.

El Ayuntamiento de Ixtlahuaca confirmó que mantiene coordinación con la FGJEM y solicita a la ciudadanía informar cualquier dato que pueda ayudar a la rápida localización de los menores. Las autoridades también exhortan a no difundir información no verificada que pueda obstaculizar las investigaciones.

Este caso subraya la importancia de la Alerta Amber y la colaboración ciudadana ante situaciones de desaparición de menores, especialmente cuando existen conflictos familiares que ponen en riesgo su integridad.

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El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando la unidad realizaba labores de prevención en la colonia Emiliano Zapata. En ese momento, una mujer interceptó a los oficiales para informar que había recibido amenazas de muerte y que temía por su seguridad y la del menor a su cargo.

La mujer, identificada como Ana Yoselin Ruiz Sancén, de 27 años, se encontraba acompañada de un niño de iniciales K.I.R.R., de 7 años. Tras recabar sus datos, se verificó en el C4 que ambos contaban con protocolos de seguridad vigentes: la mujer con una cédula única de identificación de Protocolo ALBA 1368/2024 y el menor con una Alerta Amber bajo el número de reporte FGEG-AAGRO-060/2025.

Ante la situación, se activó de inmediato el protocolo homologado para personas desaparecidas. El personal de la Agencia de Investigación Criminal se hizo cargo del caso para trasladar a ambos a la Fiscalía General de Justicia del Estado, Región C, con sede en Celaya, Guanajuato, donde recibirán la atención y protección necesarias.

Este caso destaca la importancia de los protocolos de seguridad y la coordinación entre autoridades para garantizar la protección de quienes se encuentran en situación de riesgo.

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