Su cuerpo fue localizado con huellas de violencia dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, a la altura de la comunidad La Tinaja, según reportaron medios locales y autoridades estatales.

Horas antes de su muerte, Bravo difundió un video en redes sociales en el que invitaba a los productores al “Tianguis Limonero”, un espacio que buscaba fortalecer la comunicación directa entre agricultores y empaques, sin la intervención de intermediarios o “coyotes”, a quienes acusaba de alterar los precios del fruto.

“Si al campo de Apatzingán le va mal, a todo Apatzingán le va mal”, expresó en su última intervención pública, una frase que hoy resuena como advertencia para toda la región.

Un líder que defendía al campo

Bernardo Bravo se había convertido en una figura clave dentro del gremio limonero. En los últimos meses denunció las extorsiones y cobros de piso que sufren los productores por parte del crimen organizado, así como el bajo precio del limón, que oscilaba entre 4 y 5 pesos por kilo, pese a que el costo de producción superaba los 10 pesos.

También impulsó acciones de protesta, como la realizada por citricultores que arrojaron toneladas de limón a las calles para exigir precios justos y seguridad en las zonas de cultivo.

Su mensaje era claro: sin condiciones dignas para producir, el campo de Michoacán y su economía local seguirían hundiéndose.

Inseguridad y crisis agrícola

La Tierra Caliente de Michoacán vive una crisis estructural que combina inseguridad, extorsión y abandono institucional. El limón, uno de los principales productos agrícolas de la región, ha pasado de ser fuente de empleo a convertirse en terreno de disputa para grupos criminales.

Empacadoras han cerrado o reducido operaciones ante las amenazas, mientras que productores temen levantar la voz tras el asesinato de Bravo. La situación amenaza con paralizar una de las cadenas productivas más importantes del país.

Impunidad y exigencia de justicia

El homicidio de Bernardo Bravo ha generado indignación entre productores y organizaciones agrícolas, que exigen justicia y protección para quienes continúan trabajando en el campo. Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con el caso.

Diversos sectores señalan que su muerte es un reflejo de la impunidad que predomina en la región y del abandono al campo mexicano, especialmente en estados productores de limón como Michoacán, Colima y Guerrero.

Una advertencia que hoy pesa más

Las palabras de Bravo resumen una realidad que golpea al corazón agrícola del país:

“Si al campo de Apatzingán le va mal, a todo Apatzingán le va mal.”

Su asesinato deja un vacío en la representación del sector, pero también un llamado urgente a proteger al campo y a quienes lo sostienen.

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Wadi Abu Al Saud, periodista palestino presente cerca de la tienda de campaña donde se alojaban los comunicadores, relató que el ataque se produjo a las 23:22 horas. «Estaba haciendo una llamada cuando ocurrió la explosión. Vi a mis colegas envueltos en llamas, intenté ayudarlos, pero Anas y los demás murieron instantáneamente», narró Al Saud a The Guardian.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron haber llevado a cabo el ataque, acusando sin pruebas a Al Sharif de pertenecer a una célula de Hamas y de hacerse pasar por periodista. Al Jazeera y organismos como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han desestimado estas acusaciones como infundadas. En julio, Al Sharif manifestó temer por su vida debido a posibles ataques contra él.

Sara Qudah, directora para Medio Oriente y Norte de África del CPJ, señaló que la práctica israelí de etiquetar a periodistas como militantes sin evidencias creíbles pone en duda el respeto hacia la libertad de prensa. La ONU y expertos internacionales han advertido sobre el riesgo que enfrentaba Al Sharif debido a su trabajo informativo en Gaza.

El director general de Al Jazeera, Mostefa Souag, calificó el asesinato como un «intento desesperado por silenciar la verdad» y denunció que el ataque representa una violación flagrante de la libertad de prensa. En un mensaje interno al equipo, Souag lamentó la pérdida de «uno de los periodistas más valientes de Gaza», quien, junto con sus colegas, permaneció en la zona sitiada documentando la crisis humanitaria provocada por la ofensiva israelí.

El funeral, celebrado en el cementerio Sheikh Radwan, reunió a familiares, amigos y colegas que expresaron su pesar y temor ante la escalada de violencia contra periodistas en la región. La Autoridad Nacional Palestina calificó el asesinato como parte de una política sistemática para silenciar a quienes documentan la realidad en Gaza.

Diversos países, entre ellos Qatar, China, Alemania, Noruega, Venezuela y Chile, así como la Unión Europea, Reporteros sin Fronteras y el CPJ, repudiaron los asesinatos y exigieron que se lleve a cabo una investigación independiente que sancione a los responsables.

Según datos del proyecto Costos de la Guerra del Instituto Watson, el conflicto en Gaza ha cobrado la vida de más periodistas que otras guerras recientes combinadas, reflejando la grave vulnerabilidad de quienes ejercen la libertad de expresión en zonas de conflicto.

La comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado urgente para proteger a los periodistas y garantizar el respeto al derecho internacional humanitario en medio del conflicto.

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Según los informes, dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar, y uno de ellos descendió para dispararle a Pereira en al menos tres ocasiones. Tras el ataque, los agresores huyeron sin dejar rastro, y no se reportaron detenciones en ese momento. Las autoridades encontraron casquillos de calibre .9 milímetros en la escena del crimen, los cuales fueron asegurados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que el asesinato fue perpetrado con un arma de fuego y que el secretario sufrió heridas mortales en la cabeza y el cuello. El crimen ha generado consternación en la comunidad y entre los compañeros de trabajo de Pereira, quien también se desempeñaba como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel municipal.

El PRI estatal, encabezado por Laura Haro Ramírez, condenó el asesinato y exigió justicia por el crimen, calificándolo como un acto cobarde. Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en Teocaltiche en los últimos días, entre ellos, la muerte del comisario de Seguridad Pública, Ramón Moncada Grande, ocurrida el 16 de abril del mismo año.

La comunidad local y las autoridades exigen una pronta resolución del caso, mientras que las fuerzas de seguridad estatales y federales refuerzan la vigilancia en la región debido a la creciente ola de violencia.

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En sesión extraordinaria, encabezada por el presidente del Consejo y secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, se solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gerardo Vázquez Alatriste, que la investigación contemple si el crimen está vinculado con su labor periodística.

El Fiscal General informó que se siguen varias líneas de investigación, incluida la relacionada con su trabajo como periodista. No obstante, hasta el momento no se ha determinado un vínculo directo con su ejercicio profesional. Además, indicó que la familia de Kristian Uriel aseguró que no había recibido amenazas ni por su actividad periodística ni por su desempeño como DJ en Romita y Silao.

Durante la reunión, la FGE se comprometió a presentar un informe detallado sobre los avances en las investigaciones de los homicidios de periodistas en el estado, incluyendo si estos están relacionados con su labor informativa. Por unanimidad, se acordó que dicho informe será presentado en una sesión extraordinaria programada para el miércoles 5 de marzo.

El secretario técnico del Consejo, Adrián Nájera Ramírez, informó que ya hubo un acercamiento con la familia del periodista, a quienes se les ofrecieron medidas de protección y apoyo a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Además, Nájera Ramírez recordó que en 2021 se otorgaron medidas de protección a Kristian Uriel tras sufrir agresiones físicas y verbales durante el proceso electoral por parte de simpatizantes de un partido político. Dichas medidas estuvieron vigentes durante el periodo electoral y posteriormente no se reportaron nuevas amenazas o ataques.

El Consejo Estatal exhortó a la Fiscalía General del Estado a realizar una investigación pronta y eficaz para identificar y procesar a los responsables del homicidio, garantizando justicia.

En la sesión participaron Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno y presidente del Consejo; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado; Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz; Arcelia María González González, secretaria de la Honestidad; Alfonso Ruiz Chico, consejero del Poder Judicial; y Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. También estuvieron presentes los consejeros periodistas Sofía Negrete, Carlos García y José Meza, así como las consejeras defensoras de los derechos humanos, Laura Martínez y Cristina Rodríguez.

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