El señalamiento fue difundido mediante una transmisión en vivo en Facebook, donde Estefanía Torres informó que su hijo y un escolta habrían sido agredidos por sujetos armados. A pesar del hecho, aseguró que ambos se encuentran fuera de peligro.

Durante su mensaje, el exintegrante del organismo operador del agua responsabilizó públicamente al alcalde y a personas de su entorno por presuntas amenazas previas, además de vincular a la regidora Mariana Ruelas dentro del conflicto político que ha escalado en las últimas semanas.

Las declaraciones se dan en medio de la tensión generada por la disputa en torno a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar (JUMAPAC), luego de la destitución del Consejo Directivo del organismo, decisión tomada por el Ayuntamiento a inicios de febrero.

Dicha determinación fue impugnada legalmente, lo que ha prolongado el conflicto entre el gobierno municipal y los exintegrantes del consejo, quienes han sostenido un intercambio de acusaciones públicas y procesos legales.

Tras la difusión de las acusaciones, el alcalde Mauricio Estefanía respondió en una transmisión en redes sociales, donde negó cualquier responsabilidad en el ataque y afirmó que se encontraba en el aeropuerto de Silao tras regresar de un viaje familiar al momento de enterarse de los hechos.

El edil rechazó los señalamientos y pidió la intervención de autoridades como la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta detención y reconoció que el conflicto relacionado con la JUMAPAC ha generado un ambiente de tensión política y familiar dentro del municipio.

Por su parte, la regidora Mariana Ruelas rechazó las acusaciones en su contra. En un video difundido en redes sociales, aseguró desconocer el ataque y afirmó que las declaraciones la tomaron por sorpresa mientras se encontraba con su mamá.

La funcionaria también advirtió que responsabiliza a Diego Estefanía por cualquier situación que pudiera afectar su integridad o la de sus allegados, tras haber sido mencionada en la transmisión.

Hasta el momento, las autoridades estatales y de seguridad no han emitido información oficial sobre el presunto ataque armado ni sobre avances en las investigaciones.

El caso continúa en desarrollo en un entorno de alta tensión política en Cortazar, donde el conflicto por la JUMAPAC ha derivado en confrontaciones públicas entre actores del gobierno municipal y familiares involucrados en la disputa.

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