Durante un encuentro con representantes del campo, Ivon Padilla Hernández, directora general de la financiera estatal, destacó la importancia de contar con créditos diseñados específicamente para productores, que permitan invertir, sostener sus actividades y generar empleos y alimentos para la población.

“El sector primario es estratégico para Guanajuato, por ello es indispensable que los productores tengan acceso a créditos que se adapten a su realidad, para mantener su actividad y garantizar la producción de alimentos”, señaló Padilla Hernández.

Entre los programas impulsados por la Financiera se encuentra “Progresa”, un esquema ajustado para 2026 con un incremento en el monto disponible, que ahora alcanza 1.5 millones de pesos a liquidar en 12 meses con una tasa de interés preferencial del 12%. Esta medida brinda a los productores una alternativa clara, segura y accesible para planear su actividad a mediano plazo.

Ana Luisa Ramírez Solorzano, coordinadora del Congreso Agrario en Guanajuato, destacó que estas acciones permiten a los productores sentirse escuchados y apoyados, al facilitar su acceso al crédito y fortalecer la participación de las organizaciones del sector.

Por su parte, Erasto Patiño Soto, representante del Consejo Nacional de Sociedades, Unidades Campesinas y Colonos e integrante de la Agencia para la Modernización, Innovación y Desarrollo Agropecuario (AMIDA), resaltó que la financiera estatal representa una alternativa confiable frente a la desaparición de la Banca Nacional de Desarrollo y las altas tasas de interés de otras instituciones financieras.

Rubén Vázquez de la Rosa, del programa Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, señaló que los créditos estatales permitirán a los productores contar con liquidez para adquirir insumos de manera inmediata, optimizando costos de producción y fortaleciendo la actividad agropecuaria de las comunidades rurales.

El encuentro se consolidó como un espacio de diálogo y coordinación entre autoridades y organizaciones del sector, orientado a garantizar la sostenibilidad y crecimiento del campo guanajuatense.

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Organizaciones campesinas y transportistas han señalado que continuarán con movilizaciones en carreteras federales, debido a la falta de acuerdos con autoridades federales sobre temas relacionados con el campo y el transporte de mercancías. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural instaron a evitar cierres que perjudiquen a terceros y la economía regional.

Los puntos carreteros afectados se distribuyen de la siguiente manera:

1️⃣ Autopista Aguascalientes–León – Plan de Ayala
2️⃣ Carretera Valle de Santiago–Salamanca – Valle de Santiago
3️⃣ Carretera Celaya–San Miguel de Allende – San Isidro
4️⃣ Carretera Yuriria–Salvatierra – Casacuarán
5️⃣ Carretera Jerécuaro–Acámbaro – Santiaguillo
6️⃣ Carretera Salvatierra–Cortázar
7️⃣ Carretera Pénjamo–La Piedad – Churipitzeo
8️⃣ Carretera Irapuato–Salamanca – Ciudad Industrial
9️⃣ Carretera Irapuato–Silao – ITESI
🔟 Carretera Irapuato–Abasolo – Entronque a Cuerámaro
1️⃣1️⃣ Carretera Irapuato–Abasolo – Entronque a Pueblo Nuevo
1️⃣2️⃣ Carretera Celaya–Apaseo el Grande
1️⃣3️⃣ Autopista Querétaro–San Luis – Entronque a San Miguel de Allende
1️⃣4️⃣ Autopista Querétaro–San Luis – Entronque a Doctor Mora

Los productores han indicado que sus demandas se centran en reformas a la Ley de Aguas Nacionales y en la obtención de precios justos para productos del campo, lo que ha generado manifestaciones intermitentes en diferentes municipios del Bajío.

Las autoridades recomiendan planificar rutas alternas, salir con tiempo, cargar combustible y mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato y del gobierno federal. El objetivo es garantizar la movilidad, la seguridad y la operación de la cadena logística durante esta jornada de movilizaciones.

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Marco legal y funciones de la Ley

La LAN, vigente desde 1992, establece las reglas para el aprovechamiento, distribución, control y protección de las aguas nacionales, además de definir las facultades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad reguladora. El ordenamiento determina concesiones, asignaciones y mecanismos administrativos que regulan el uso del agua, tanto superficial como subterránea.

Propuestas de reforma

Las nuevas modificaciones plantean reforzar la fiscalización del uso del agua, actualizar criterios para declarar la caducidad de concesiones y establecer lineamientos técnicos para la operación de acuíferos en riesgo. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, el objetivo es modernizar la política hídrica y dotar a Conagua de herramientas para sancionar desperdicios, ordenar la operación de pozos y mejorar la planeación del recurso.

Argumentos a favor

Los defensores de la reforma señalan que el actual marco normativo no ha logrado frenar la sobreexplotación y la contaminación del agua. Consideran que una actualización legal permitiría avanzar hacia una gestión más eficiente, garantizar disponibilidad para consumo humano y dar paso a inversiones necesarias en infraestructura y saneamiento. También destacan que el país requiere certezas jurídicas y mecanismos más claros ante escenarios de escasez cada vez más frecuentes.

Argumentos en contra

Organizaciones campesinas, especialistas en derechos humanos y algunos actores políticos han mostrado su rechazo, al considerar que la reforma podría concentrar facultades en la autoridad sin atender problemas estructurales como la falta de inversión, desigualdad en el acceso o rezagos en saneamiento. Añaden que los cambios podrían generar incertidumbre para productores agrícolas y afectar comunidades que dependen del agua para sus actividades diarias.

Derecho humano al agua

Desde 2012, el acceso al agua para uso personal y doméstico es reconocido como un derecho humano en México, un criterio reforzado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Especialistas advierten que cualquier modificación a la LAN debe garantizar este principio y colocar el uso doméstico como prioridad frente a otros aprovechamientos.

Desafíos ambientales y gestión de acuíferos

Diversos análisis técnicos coinciden en que la principal urgencia está en detener el deterioro de los acuíferos sobreexplotados, mejorar los sistemas de monitoreo y asegurar inversiones constantes en saneamiento. Organismos ambientales han solicitado que la reforma incluya mecanismos de participación ciudadana por cuenca y mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Implicaciones internacionales

El tema hídrico también está vinculado al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, que establece entregas periódicas de agua de río. La falta de una gestión ordenada puede traducirse en tensiones diplomáticas y presiones adicionales para la administración del recurso.

Un debate que seguirá abierto

El análisis de la Ley de Aguas Nacionales refleja la complejidad de equilibrar necesidades ambientales, productivas y sociales. Mientras autoridades impulsan una actualización legal, expertos y organizaciones insisten en que cualquier reforma debe ser transparente, con criterios técnicos y mecanismos que garanticen el derecho humano al agua y la protección de los sectores más vulnerables.

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Para agilizar el proceso, personal de la Secretaría del Campo se trasladó al municipio para orientar a los agricultores, resolver dudas y supervisar que cada solicitud se integrara correctamente. Esta atención directa permitió a los productores recibir orientación inmediata, evitando retrasos y asegurando que todos tuvieran acceso al apoyo sin contratiempos.

Durante la jornada, se invitó a los asistentes a revisar documentos faltantes o realizar aclaraciones en el momento, con el objetivo de completar los registros y garantizar que todos los agricultores accedieran a los beneficios estatales.

El municipio destacó que esta labor coordinada con el Gobierno del Estado busca atender de manera cercana a quienes sostienen la producción agrícola, destacando la relevancia del sorgo en la economía local y regional.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con el campo villagranense, asegurando que continuará gestionando y acompañando a los productores para que reciban los beneficios que les corresponden por derecho.

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El video denuncia el incremento de la inseguridad en las carreteras, incluyendo asaltos y violencia que afectan directamente a los transportistas. Según Martínez Aguilar, la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha motivado la movilización del sector, que busca exigir condiciones más seguras para la operación del transporte de mercancías.

La ANTAC confirmó que la protesta del 24 de noviembre incluirá bloqueos de camiones con mercancías, toma de aduanas y movilizaciones simultáneas en al menos 25 estados del país. Sin embargo, se aclaró que no se planea afectar a vehículos particulares ni transporte público, concentrando las acciones en el sector de carga.

Entre las principales demandas de los transportistas y organizaciones aliadas, como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), destacan:

• Garantizar mayor seguridad en carreteras frente a asaltos y extorsiones.
• Mejorar las condiciones para productores agrícolas, incluyendo precios justos para el maíz.
• Abrir diálogos efectivos con el gobierno federal para atender estas necesidades.

La ANTAC reiteró a la población la importancia de planear sus desplazamientos y evitar viajar por carretera el próximo lunes, a fin de prevenir afectaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El paro nacional y los bloqueos podrían impactar rutas clave de transporte de mercancías, y su alcance dependerá de la respuesta del gobierno a las demandas planteadas.

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Las organizaciones convocantes, entre ellas el Frente Nacional para el Rescate del Campo y agrupaciones de transportistas, señalaron que las acciones se llevarán a cabo en puntos estratégicos del país. Afirmaron que los bloqueos estarán dirigidos principalmente al tránsito de unidades de carga, con el fin de no afectar de manera general a los vehículos particulares.

Entre sus principales exigencias se encuentra la revisión de los precios de garantía, especialmente del maíz, al considerar que las cifras actuales no reflejan los costos reales de producción. También insistieron en la necesidad de excluir los granos básicos del T-MEC, debido al impacto que tiene la bolsa de Chicago en el precio nacional, lo que —aseguran— coloca en desventaja a los pequeños productores.

Los transportistas, por su parte, reiteraron su preocupación por el aumento de la inseguridad en carreteras, donde reportan asaltos constantes y falta de vigilancia. Además, las organizaciones exigieron una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ya que consideran que las modificaciones recientes limitan el uso de concesiones y afectan la continuidad de las actividades agrícolas.

Como parte de la jornada, también se prevé instalar un plantón frente a la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México, el cual podría mantenerse de manera indefinida hasta que se establezca una mesa de diálogo directa con autoridades federales.

La convocatoria tendrá presencia en al menos 25 entidades federativas, lo que podría generar demoras en rutas comerciales y afectaciones logísticas. Las organizaciones llamaron a la población a tomar precauciones y evitar las carreteras federales durante el desarrollo de las movilizaciones.

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De acuerdo con los manifestantes, la acción es parte de un movimiento nacional que exige incrementar el precio por tonelada de maíz de los 6 mil 50 pesos actuales a 7 mil 200 pesos, argumentando que los costos de producción se han elevado y las ganancias se han reducido.

Los agricultores afirmaron que la protesta no pretende afectar a la población, sino llamar la atención de las empresas harineras, a las que acusan de no mostrar disposición al diálogo. En el caso de Silao, los manifestantes colocaron tractores en la entrada principal de la planta de Maseca, impidiendo la entrada y salida de camiones, aunque sin bloquear totalmente la carretera León–Silao.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) informó que mantiene abiertas las vías de comunicación con los productores, aunque advirtió que los bloqueos dificultan el avance de las negociaciones. La dependencia insistió en que el diálogo es la vía adecuada para resolver el conflicto.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Guanajuato advirtió que este tipo de movilizaciones generan afectaciones logísticas en el corredor industrial, con retrasos en entregas y pérdidas económicas para distintas industrias. Incluso se reportaron impactos en el sector automotriz de Silao, donde algunas plantas detuvieron operaciones por falta de insumos.

Los campesinos advirtieron que mantendrán los bloqueos hasta que se confirme una fecha para la mesa de trabajo con la industria harinera. En caso de no llegar a un acuerdo, señalaron que podrían extender las protestas hacia otras empresas del corredor industrial.

Este movimiento refleja una problemática estructural en el campo mexicano: los bajos precios del maíz, los altos costos de producción y la falta de acuerdos entre productores, gobierno e industria. La situación pone sobre la mesa la necesidad de revisar el equilibrio entre la libre manifestación y el impacto económico que generan las protestas en zonas clave para la economía estatal.

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Cierre total y largas filas de vehículos

Desde temprana hora, grupos de campesinos arribaron con tractores y camiones para bloquear ambos sentidos de la vialidad. Las filas de automóviles y unidades de carga se extienden por varios kilómetros, generando una situación crítica para los viajeros que, sin comida ni servicios, han tenido que soportar el calor durante el día y el frío por la noche mientras esperan poder avanzar.

Conductores reportaron esperas superiores a las 12 horas y expresaron su preocupación ante la falta de información oficial sobre el restablecimiento del paso. En redes sociales, varios usuarios han solicitado la intervención urgente de las autoridades para liberar la vía.

Exigen precios justos para el maíz

Los manifestantes forman parte del Movimiento Agrícola Campesino, el cual demanda un precio de garantía más alto para la tonelada de maíz, que actualmente se ubica entre 5,800 y 6,100 pesos. Argumentan que los altos costos de producción y el bajo precio de venta ponen en riesgo la viabilidad de sus cosechas.

A pesar de que trascendió la posibilidad de un diálogo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), los líderes del movimiento negaron que exista contacto formal con algún representante federal.

Afectaciones regionales y rutas alternas

El bloqueo ha provocado afectaciones económicas y logísticas significativas. El transporte de carga entre Guanajuato y Michoacán se encuentra detenido, impactando a comerciantes, transportistas y productores. Además, las rutas alternas recomendadas, como Pénjamo–Cuerámaro–Manuel Doblado y La Herradura–Abasolo–Numarán–La Piedad, presentan saturación vehicular.

Las autoridades locales hicieron un llamado a mantener la calma y evitar circular por la zona, al tiempo que exhortaron a las dependencias federales a establecer una mesa de negociación que permita reabrir el paso y evitar mayores perjuicios.

Sin acuerdo hasta el momento

Al cierre de esta nota, la carretera federal 1110 continúa cerrada. Los campesinos han reiterado que no levantarán el bloqueo hasta recibir una respuesta oficial del gobierno federal.

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La protesta, anunciada desde semanas atrás, fue encabezada por Rubén Vázquez de la Rosa, representante del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, quien explicó que entre las principales demandas se encuentran el pago pendiente de los precios de garantía por tonelada de trigo y la implementación de tarifas eléctricas subsidiadas para uso agrícola.

Durante la jornada, los líderes del movimiento fueron recibidos por funcionarios de la dependencia federal para exponer sus exigencias en una reunión a puerta cerrada. Sin embargo, los inconformes advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, continuarán con las movilizaciones e incluso podrían tomar de forma indefinida las instalaciones.

“Se nos prometió precio de garantía desde 2023, pero hasta ahora solo se ha pagado a la mitad de los productores. Este año simplemente no ha habido pago”, más de 4 mil campesinos en Guanajuato han sido afectados por la falta de cumplimiento.

Además, los manifestantes exigieron el pago del denominado “gramo”, un concepto que no ha sido cubierto desde el año pasado y que forma parte de los estímulos económicos pendientes. El dirigente campesino señaló que la situación está generando una crisis económica entre las familias del campo, quienes enfrentan altos costos de producción sin los apoyos que previamente les fueron comprometidos.

La movilización se desarrolló de manera pacífica, pero con la firme intención de visibilizar la problemática y ejercer presión sobre las autoridades federales. Los agricultores insisten en que no buscan confrontación, sino soluciones reales que les permitan continuar con su actividad productiva.

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