De acuerdo con los informes oficiales, Gerardo “N” operaba bajo el mando de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, detenido en noviembre de 2025. Además, se le relaciona con la célula delictiva responsable del atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Tras labores de inteligencia y trabajo de campo, las autoridades desplegaron un operativo interinstitucional que permitió la captura del sujeto. Se le notificaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Con esta acción, las instituciones de seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la violencia y desarticular a los grupos delictivos que operan en la región.

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Los operativos se llevaron a cabo los días 8 y 9 de enero en distintos puntos de Uruapan, con la participación del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; y el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña. Durante las investigaciones se determinó que los detenidos intercambiaron información sobre los movimientos del exalcalde y estaban vinculados con el grupo responsable del ataque.

Asimismo, se realizaron tres cateos en inmuebles relacionados con los implicados, donde se aseguraron drogas y equipos de comunicación, aportando evidencias clave para la investigación. Los detenidos enfrentan órdenes de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas, emitidas por la Fiscalía General de Michoacán.

Estas detenciones se suman a las de otros implicados en el caso, entre ellos: Jorge Armando “N” alias “El Licenciado”, identificado como líder del grupo; Ricardo “N”, encargado del traslado de integrantes; Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades delictivas; y Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, líder de una célula criminal vinculada a homicidios, extorsión y venta de droga.

García Harfuch destacó que estas acciones son resultado de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional (GN), la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Las investigaciones continúan para garantizar que no haya impunidad.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, se han detenido 378 personas por delitos de alto impacto, asegurado 174 armas de fuego, más de 13 mil cartuchos, 296 vehículos, 192 artefactos explosivos, 768 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas, así como la inhabilitación de 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para combatir la impunidad y proteger a las familias michoacanas.

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De acuerdo con información confirmada por registros oficiales y reportes de medios nacionales, la detención se realizó durante un operativo en la zona centro de Uruapan, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La exfuncionaria fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde se determinará su situación jurídica en relación con el homicidio del entonces presidente municipal. Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente el grado de participación que se le atribuye ni los elementos probatorios que sustentan la acusación.

Yesenia “N” ocupó cargos administrativos tanto durante la gestión de Carlos Manzo como en la actual administración municipal encabezada por su viuda, lo que ha generado especial atención pública sobre el avance de las indagatorias.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, registrado el 1 de noviembre de 2025 durante una actividad pública con motivo del Día de Muertos, provocó una fuerte conmoción social y política en Uruapan y a nivel nacional, al tratarse de un ataque directo contra una autoridad en funciones.

La detención de una persona cercana al círculo gubernamental representa un avance relevante en la investigación, la cual continúa en desarrollo. Se espera que en los próximos días las fiscalías estatal y federal emitan información oficial adicional conforme avance el proceso legal.

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José Manuel J. fue designado secretario de Seguridad al inicio de la administración de Manzo en septiembre de 2024, tras una carrera de más de cuatro décadas en el Ejército Mexicano, donde ocupó cargos en distintos estados y corporaciones de justicia militar. Aunque fue cesado menos de un mes después por denuncias de violencia doméstica, continuó como jefe de escoltas y asesor de seguridad del alcalde.

Durante el operativo en el que se detuvo a sus subordinados, el coronel no se presentó, lo que lo convirtió en la principal “pieza faltante” del caso. Las autoridades lo buscan intensamente, pues él fue responsable de reclutar y supervisar al grupo de escoltas que protegía al edil.

Este caso ha puesto en evidencia posibles fallas en la seguridad municipal y plantea interrogantes sobre la supervisión de personal militar retirado en funciones de protección a funcionarios públicos. La fuga del coronel genera presión sobre las autoridades para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia en el caso del asesinato de Carlos Manzo.

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La resolución fue emitida por un juez de control tras una audiencia que se prolongó por más de 18 horas, en la cual se consideraron diversas pruebas que señalan a “El Licenciado” como probable autor intelectual del ataque. De acuerdo con la investigación, el imputado habría coordinado la logística del crimen y reclutado al agresor material.

Los siete escoltas, quienes formaban parte del equipo de seguridad del exalcalde, también fueron vinculados a proceso por homicidio doloso calificado por omisión, al no haber garantizado la protección de Manzo Rodríguez durante el momento del ataque.

El juez determinó prisión preventiva oficiosa para los ocho implicados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará integrando evidencia para esclarecer plenamente los hechos.

El caso ha generado amplia atención debido a la relevancia política de la víctima y a la presunta participación de una estructura delictiva que habría operado de manera organizada para ejecutar el homicidio.

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