De acuerdo con ambas dependencias, el análisis permitió identificar movimientos financieros irregulares en estos establecimientos, por lo que se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de carácter fiscal y omisiones en el cumplimiento tributario.

Como parte de las acciones, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados. Además, se suspendieron temporalmente las actividades de los casinos implicados, se bloquearon páginas electrónicas de apuestas en línea y se congelaron cuentas bancarias vinculadas a estas operaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las investigaciones continúan y que se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para trabajar de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. El objetivo, precisó, es impedir que el flujo de dinero ilícito llegue a grupos de la delincuencia organizada.

Sheinbaum subrayó que las acciones están respaldadas por un marco legal y se realizan en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países. “Parte de nuestra estrategia de seguridad es seguir el rastro del dinero vinculado con actividades delictivas o esquemas de lavado de dinero”, afirmó durante su conferencia matutina.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este hallazgo marca el inicio de una nueva etapa de prevención. Explicó que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que afecten al sistema financiero nacional.

Los casinos implicados se localizan en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Las autoridades detectaron tres patrones principales: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero del extranjero dentro del país y operaciones digitales mediante transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen de los recursos. Se identificaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales hacia empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y Europa.

La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema de lavado de dinero operaba en seis fases. Primero, personas eran engañadas o víctimas de robo de identidad, principalmente jóvenes, jubilados y amas de casa, a quienes se les sustraían datos bancarios. Después, recibían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de origen desconocido para su uso en casinos físicos o en línea.

Posteriormente, las apuestas generaban supuestas ganancias que no eran entregadas a los jugadores, sino transferidas de inmediato a cuentas en el extranjero y posteriormente a paraísos fiscales, donde el dinero era blanqueado antes de regresar al país. En algunos casos, los involucrados sí recibían montos en sus cuentas, pero se les pedía reenviarlos o realizar nuevas operaciones, repitiendo el proceso cientos de veces para lavar grandes sumas de dinero.

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El reporte, elaborado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), detalla que los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezan las operaciones que combinan la compra de precursores químicos, el envío del opioide sintético a EE.UU. y el retorno de las ganancias a México mediante transferencias bancarias, criptomonedas, casinos y empresas fachada.

La investigación encontró que el 89% de las transacciones sospechosas se registraron en bancos y casas de cambio estadounidenses, mientras que el 3% correspondió a casinos y clubes de cartas, en operaciones mayormente en efectivo.

Además, el análisis identificó que Sinaloa y Jalisco son los estados mexicanos con más alertas financieras, mientras que California, Florida y Nueva York concentran las principales rutas en Estados Unidos.

También se reportó que en 2024, intermediarios mexicanos comenzaron a utilizar empresas registradas en EE.UU., algunas propiedad de ciudadanos chinos, para enviar pagos a proveedores de precursores químicos en Asia. Esto como parte de un esquema más sofisticado de lavado de dinero a través del comercio internacional.

Los métodos identificados van desde depósitos menores a 5 mil dólares, el transporte físico de efectivo, la venta ilegal de piedras preciosas, hasta el uso de empresarios que reciben dinero en efectivo a cambio de transferencias a cuentas vinculadas a cárteles.

Uno de los casos más notorios es el de Édgar Joel Martínez Reyes, detenido en años recientes, quien operaba redes de compra de diamantes en el mercado negro estadounidense para revenderlos legalmente en México. También se descubrió que vendía dólares a empresarios chinos, aprovechando las restricciones del gobierno de Pekín sobre el uso de esa moneda.

El reporte del Tesoro subraya cómo la colusión entre organizaciones criminales mexicanas y redes chinas no solo permite adquirir insumos clave para la droga, sino también blanquear millones de dólares con un bajo riesgo de detección.

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