De acuerdo con los legisladores, esta reestructuración —impulsada por la administración morenista— contempla la desaparición de organismos descentralizados, la fusión de dependencias y la transferencia de sus funciones al gobierno central, bajo el argumento de austeridad y eficiencia administrativa.

El punto de acuerdo solicita que el alcalde, Juan Miguel Ramírez Sánchez, informe tanto al Ayuntamiento como a la ciudadanía sobre el estudio técnico que sustenta estos cambios, así como los detalles de la contratación de un tercero para su elaboración.

Según lo expuesto, el análisis fue realizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con un costo de 750 mil pesos, financiados con recursos públicos municipales.

Las bancadas promoventes también plantearon que cualquier proceso de reingeniería administrativa garantice la permanencia de la participación ciudadana, particularmente en los consejos directivos y ciudadanos, los cuales consideran fundamentales para la toma de decisiones.

El diputado Oscar Enrique González Espinosa subrayó que estos consejos no representan un obstáculo, sino un mecanismo que fortalece las políticas públicas y promueve la transparencia. Asimismo, advirtió que decisiones unilaterales pueden debilitar las instituciones y reducir los contrapesos necesarios en la gestión pública.

El legislador señaló que la exclusión de estos espacios podría impactar negativamente en la gobernabilidad, al disminuir la confianza ciudadana y limitar la participación en los asuntos públicos.

Finalmente, PAN y PRD coincidieron en que cualquier medida que reduzca la participación ciudadana constituye una regresión que afecta la calidad de vida de la población, al alejar a la sociedad de los procesos de decisión y supervisión gubernamental.

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