Según los datos oficiales, la integración de las mesas directivas de casilla debería registrar un avance de 77.9%, pero actualmente se ubica en 77.6%. En cuanto a las actividades en bodegas electorales, el avance es del 73%, cuando ya deberían estar completamente concluidas. Otro rubro rezagado es la preparación logística para la recepción de paquetes electorales en los consejos distritales, que presenta un avance del 17.8%, por debajo del 20% esperado. Además, los preparativos para los cómputos electorales tienen un progreso del 29%, cuando deberían alcanzar el 35%.

Los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) también enfrentan complicaciones, principalmente por la insuficiencia presupuestal que ha dificultado cumplir con los plazos establecidos. En el caso de Nayarit, hasta la semana pasada no se contaba con recursos para imprimir los materiales destinados a las casillas seccionales, lo que obligó a enviar la documentación en formato digital y concluir la impresión apenas el pasado 9 de mayo.

En otras entidades como Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán, los retrasos se deben a la falta de fondos para adecuar las bodegas electorales. Además, se han identificado demoras en la entrega de proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales, cuya fecha límite era el 30 de abril.

También se registra rezago en la aprobación de lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta para la clasificación de votos válidos y nulos, responsabilidad de los órganos electorales estatales.

Desde el inicio de los procesos electorales judiciales en enero pasado, de las 940 actividades programadas, 805 se han concluido en tiempo y forma. De estas, 401 fueron ejecutadas por el INE, 222 de manera conjunta con los Oples, y 182 por los organismos electorales de los estados. Sin embargo, 135 actividades se realizaron fuera del plazo establecido: 37 a cargo del INE, 38 en conjunto y 60 directamente bajo la responsabilidad de los Oples.

El panorama actual genera incertidumbre en torno a la capacidad operativa de los organismos electorales locales para garantizar elecciones judiciales transparentes, seguras y eficientes el próximo 1 de junio.

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Durante una reunión con el consejero estatal del IEEG, Gustavo Hernández, se acordó que el municipio brindará todas las facilidades para que los villagranenses que residen en el extranjero puedan informarse y participar en las próximas elecciones, incluyendo la elección de jueces y magistrados programada para el 1 de junio.

El consejero explicó que estos módulos tienen el objetivo de fortalecer la comunicación con instituciones dedicadas a la atención de comunidades migrantes, así como promover sus derechos político-electorales. Además de orientar sobre el proceso electoral, se ofrecerá información sobre cómo tramitar o reponer la credencial para votar (ID) desde el extranjero.

Los módulos operan tanto en el exterior, mediante la integración del Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, como localmente, a través de la entrega de materiales impresos a migrantes que retornan temporalmente a sus lugares de origen.

De acuerdo con datos del IEEG, Villagrán registró un 0.5% de población emigrante entre 2015 y 2020. En este contexto, el municipio cuenta con una regiduría obtenida por medida afirmativa migrante para el periodo 2024-2027. El propietario del cargo, Rubén Argüello Barreto, solicitó licencia, dejando a su suplente en funciones.

Adicionalmente, se proyecta la creación de una Comisión de Atención al Migrante dentro del Reglamento Interior del Ayuntamiento. Actualmente, ya existe una Jefatura dedicada a esta labor dentro de la estructura municipal.

La presidenta Cinthia Teniente reiteró su compromiso con los villagranenses en el extranjero y señaló que este esfuerzo busca acercar la información electoral de forma clara, oportuna y accesible.

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Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de la SEG, enfatizó que esta colaboración responde a la instrucción de la Gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo de fortalecer las instituciones democráticas. “Nuestras escuelas siempre han sido pilares de la democracia, abriendo sus puertas para que la ciudadanía pueda participar plenamente en la vida política del país”, declaró.

Por su parte, Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Guanajuato, destacó la importancia de las escuelas como espacios comunitarios para la emisión del voto. “Las elecciones del 1 de junio de 2025 se realizarán en los mismos lugares donde la ciudadanía ha votado tradicionalmente. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de garantizar una jornada electoral inclusiva y accesible”, afirmó.

El convenio busca asegurar que las personas con discapacidad, así como aquellas en situación de vulnerabilidad, puedan participar de manera digna y segura. Además, reafirma el compromiso de ambas instituciones con el fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia en México.

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La decisión generó posiciones encontradas. Consejeros como Claudia Zavala criticaron el acuerdo, señalando que la omisión del Congreso no debería justificar la negación de un derecho político que ya se ejerce. Zavala afirmó que la verdadera razón detrás de la exclusión es la insuficiencia presupuestaria y no la falta de regulación. Por otro lado, el consejero Uuc-kib Espadas argumentó que los mexicanos en el extranjero, al estar fuera de la jurisdicción de jueces locales, no deberían votar en este proceso específico.

En medio de un escenario presupuestal limitado, el INE aprobó medidas de austeridad para llevar a cabo la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025. Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión Temporal para esta elección, destacó que el organismo reutilizará materiales electorales como urnas, mamparas, canceles y marcadoras de credenciales de los inventarios actuales de las juntas distritales.

La producción del líquido indeleble, indispensable para garantizar la seguridad del proceso, estará a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Esta decisión responde a un análisis que identificó al IPN como la opción más eficiente en términos de calidad y costo.

El INE también emitió la convocatoria para observadores electorales. Las personas interesadas, de manera individual o a través de organizaciones, podrán inscribirse hasta el 7 de mayo de 2025. Asimismo, el Consejo General avaló el diseño de los materiales electorales, incluyendo urnas, cajas paquete, etiquetas de seguridad y mamparas especiales.

El acuerdo de excluir a los mexicanos en el extranjero de esta elección destacó por la diversidad de argumentos presentados. Mientras algunos consejeros señalaron que el silencio legislativo implica una laguna jurídica que debe interpretarse como una omisión y no como una negativa, otros consideraron que la ausencia de una regulación explícita hace inviable esta modalidad de voto.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala enfatizó que el INE debe reconocer abiertamente las limitaciones presupuestales como la principal causa de esta decisión: “No podemos negar un derecho sin dar una verdadera y fuerte razón. En este caso, no hay recursos suficientes, y eso debería mencionarse claramente”, aseveró.

El próximo proceso electoral, pese a los retos financieros, buscará consolidarse como un ejemplo de transparencia y organización, aseguró Jorge Montaño: “Con disciplina presupuestaria y un esfuerzo adicional, el INE está listo para cumplir con esta encomienda constitucional”, concluyó.

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